Del Paro Cívico del 77 a la Minga Nacional 2016: una mirada histórica de las luchas actuales

Por Ana Erazo*.  Colombia continúa bajo condiciones económicas, sociales y políticas similares a las que originaron el Paro Cívico del 77. El gobierno de Santos propone una paz neoliberal, que en lugar de generar transformaciones deje vía libre al modelo económico de mercado. El rol de las ciudades en los Paros Nacionales. El proceso de paz y el ´deber ser´ del movimiento social.

Fue un día de septiembre de 1977. Las barricadas con llantas, piedras y demás, yacían sobre las vías desde muy temprano en la mañana del miércoles 14. Era la hora cero del descontento popular.

Cuenta la historia que pasaron ocho meses desde el primer encuentro de planificación de lo que habían denominado “una movilización”. Las centrales obreras habían decidido expresar su descontento ante el entonces presidente Alfonso López Michelsen, quien había roto la esperanza de llevar a cabo reformas políticas. Colombia ya estaba en crisis tanto económica como social y política. Nadie creía en los partidos políticos y las desigualdades sociales se agudizaban. El pueblo no dio más y llegó el Paro Cívico Nacional.

Colombia es el país de las múltiples expresiones de lucha popular. Tan solo en el periodo de presidencia de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2008 hubo una media de 643 luchas sociales por año. Este dato debería recordarle al ahora senador -y a sus seguidores- que durante su gobierno las condiciones también eran críticas.

En el periodo 1958-1974, la media anual de luchas sociales fue de 173 (Archila, 2003, 347); entre 1975 y 1990 asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y 2001 baja ligeramente a 429 por año, y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento, al llegar a una media de 643 por año (Base de Datos de Luchas Sociales-Cinep), de tal forma podría decirse que durante este periodo se ha presentado el mayor nivel de protesta social en cincuenta años, lo que significa que se han producido dos luchas sociales por día en el país (Informe Especial del CINEP, 2009).

2013  marcó un nuevo hito en Colombia. Según datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP, 2014), se registraron alrededor de 1027 protestas.

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El Paro Nacional Agrario, que según Juan Manuel Santos “no existió”, estalló dando nuevas posibilidades al sector agrario y campesino. 2014 registró nuevos paros: transportadores y nuevamente campesinos. En 2015 se convocó a la llamada Semana de la Indignación, que terminó con la toma pacífica al Ministerio de Agricultura. Lo importante de los paros agrarios de 2013 y 2014 es que dieron origen a la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y a la mesa única de negociación con el gobierno nacional, bajo un pliego  de 8 puntos.

Como se analiza, son múltiples las expresiones de luchas sociales que se han gestado desde el movimiento social en las últimas décadas. Todas ellas justificadas por el modelo económico que se desarrolla en Colombia y que ha generado profundas desigualdades sociales, violando los derechos de los pueblos.

 2016

Actualmente Colombia atraviesa un nuevo contexto. Han pasado ya 52 años de insurgencia armada, sin vencidos ni vencedores. En 2012 se da inicio a la mesa de negociaciones con las guerrillas. Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) encontramos un proceso de negociación política al conflicto armado más avanzado, casi en la etapa final de los acuerdos; y con el Ejército  de Liberación Nacional (ELN) un proceso que apenas se instalará en mesa pública. Cada mesa con connotaciones diferentes, que el gobierno espera que confluyan.

Pero tal como lo ha expresado Juan Manuel Santos, hasta ahora el modelo económico no se ha puesto en discusión en el proceso de paz. Colombia continúa bajo condiciones económicas, sociales y políticas similares a las que originaron el Paro Cívico del 77. Peores, por la crisis ambiental que se ha profundizado con el modelo neoliberal, por el narcotráfico y el paramilitarismo que acentúan las problemáticas con los crímenes y asesinatos a líderes sociales y políticos.

La paz del gobierno de Santos es una paz neoliberal, que en lugar de generar transformaciones deja vía libre para el modelo económico de mercado. Así lo demuestra su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyos pilares son las locomotoras de infraestructura, agricultura y minería y otra serie de leyes que se implementan en el Congreso de la República como la cuestionada Ley de Zonas de Interés y Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), que podría considerarse como una contrarreforma agraria.

Otras políticas también generan condiciones objetivas para la protesta social. Los sindicatos colombianos no aceptan lo que han denominado un “pírrico” aumento de salario mínimo, similar al porcentaje de la inflación. El modelo se completa con altos precios de la canasta familiar, pésimas condiciones laborales basadas en la informalidad, la futura reforma estatutaria con la que se pretende saldar la crisis económica, privatizaciones como la de ISAGEN, alza en impuestos y tarifas de servicios públicos, educación mercantilizada y salud en las manos irresponsables de las EPS.

 Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular se considera el escenario más importante de articulación del movimiento social en Colombia. La mesa de negociación  que sostiene con el gobierno no ha avanzado, y por eso las organizaciones que la integran han resuelto llamar a Paro Nacional. Según sus llamamientos, el 30 de mayo será la hora cero. Esta expresión del movimiento social ha convocado a las centrales de trabajadores, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, jóvenes, mujeres y habitantes de la ciudad, a “expresar la inconformidad con el actual modelo económico y de desarrollo, que controvierte los sueños del pueblo colombiano en alcanzar prontamente la paz con justicia social y ambiental en los territorios”.

Según la Cumbre, es necesario enfrentar mediante la movilización pacífica las nocivas políticas que ponen en riesgo los bienes naturales y la soberanía nacional; ante el proceso de paz, dicen, debe ser el movimiento social quien reclame participación real y las transformaciones necesarias para una paz con justicia social.

El 17 de marzo pasado las centrales de trabajadores habían convocado a paro de 24 horas para presionar al gobierno bajo un completo pliego de peticiones. Pero el gobierno no prestó atención al movimiento social; deberá ser una vez más mediante la lucha la forma en que se busquen hacer oír sus peticiones.

 El Paro en las ciudades

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Las luchas urbanas también han tenido un rol importante en las movilizaciones sociales. Hoy las ciudades padecen sucesivas crisis por los planes económicos nacionales y locales han pretendido imponerles.

Ciudades dirigidas por empresarios que las consideran dispositivos para la globalización en el desarrollo financiero y de mercado. Gobiernos que enfocan su ordenamiento y desarrollo en función de la competitividad, olvidando que quienes la habitan no son objetos de mercado, sino seres humanos que exigen derechos.

Es por ello que en este Paro Nacional, los habitantes de las ciudades han expresado también ser parte importante de las jornadas de movilización. Los desalojos forzados de las viviendas por renovación urbana o realización de Grandes Proyectos Urbanos, los problemas de movilidad, el alza en tarifas de servicios públicos y de transporte, la privatización de empresas públicas y de la salud, además de la justicia ambiental, serán algunas de las peticiones que los pobladores urbanos harán a los gobiernos locales en el marco del Paro Nacional.

El proceso de paz y el ´deber ser´ del movimiento social

Las condiciones para la negociación en el proceso de paz entre gobierno e insurgencia están dadas. Existen elementos estructurales que el gobierno no negociará, tal es el caso del modelo económico.

Sin embargo, el proceso de paz debe brindar todas las condiciones necesarias para las reformas políticas estructurales en aras de consolidar una paz estable y duradera. La paz no significa únicamente la dejación de armas, la negociación también debe ser con la sociedad civil. Una vez brindadas las garantías al movimiento social y político, es un ´deber ser´ para éste consolidar dichas reformas.

Así lo han comprendido las organizaciones sociales. Aunque urge reinventar formas de lucha por parte de quienes sueñan con la vida digna, la movilización social y los paros siempre estarán vigentes a la hora de reclamar transformaciones al Estado y sus gobiernos.

Este Paro Nacional no es contra del proceso de paz; por el contrario, es un paso más para lograr una paz integral, meta que se alcanzará si se dan las transformaciones políticas y económicas que permitan avanzar hacia una democracia real.

Así debe entenderlo todo el bloque popular, con el ánimo de volver a recrear jornadas como las del 14 de septiembre de 1977, que obliguen al gobierno a respetar al pueblo y garantizar condiciones para la vida digna.

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* Ana Erazo es politóloga y magister en estudios urbanos; integra la Unidad de Trabajo Legislativo del senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) Alberto Castilla

Bibliografía

  • CINEP (2014). “Luchas sociales en Colombia”. Programa por la Paz, Abril 2014.
  • CINEP (2009). “La protesta social 2002-2008: En cuestión las políticas públicas de Uribe Vélez”. Centro de Investigación y Educación Popular, Bogotá. Pág. 3.