Aída Quilcué: “Tuvimos que forzar mucho para ser escuchados como pueblos indígenas”

Aída Quilcué, lideresa de las comunidades indígenas del departamento del Cauca y consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), habla en esta entrevista sobre la situación particular de los pueblos indígenas en el proceso de los acuerdos de paz.

Esta entrevista hace parte del libro Final abierto. 20 miradas críticas sobre las negociaciones con las insurgencias (2010-2018), publicado por Revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial

¿Qué beneficios concretos para las comunidades indígenas dejan los acuerdos con las FARC y los diálogos con el ELN? ¿Cómo incidió en los territorios indígenas el cese al fuego biliteral en cada una de las negociaciones?

Aída Quilcué*: Lógicamente la participación en los acuerdos de La Habana no fue fácil, esto debido a que fue un diálogo unilateral y tuvimos que forzar mucho para ser escuchados como pueblos indígenas y más aún para incorporar el capítulo étnico.

Al ser un dialogo unilateral, fueron necesarios muchos esfuerzos para lograr incidencia y que de esta forma fueran tenidas en cuenta las exigencias que desde el Cauca se venían desarrollando; fueron muchos los escenarios que se abordaron y este debate trascendió al nivel nacional, por eso los acuerdos no se limitan a nombrar una comisión indígena, sino que ésta queda incluida en un marco más integral con los pueblos afros. De esta forma que surge la comisión étnica, resultado también del fortalecimiento de las dinámicas movilizadoras en el Norte del Cauca.

Lógicamente el Gobierno no tenía la voluntad de incluir el capítulo étnico, pero faltando tres horas del cierre de los acuerdos en la Habana logramos incidir y se incluyó este capítulo, el cual consiste en la salvaguarda de los derechos de los pueblos étnicos y también el ejercicio de consulta de la implementación de los acuerdos en territorios étnicos.

Hoy, el proceso de diálogo que se adelanta con el ELN consideramos que es un paso importante en la medida en que se le ha dado apertura a la participación del sector social, y en este marco depende mucho de nosotros, como pueblos y como comunidades organizadas, que se incluyan propuestas que no recogen los acuerdos de La Habana.

Los ceses al fuego consideramos son una muestra de la voluntad de las partes sentadas, y evidentemente contribuyen a minimizar la violencia en los territorios.

¿Cómo valora la participación social en los procesos de diálogo con las insurgencias? ¿Ve que las comunidades indígenas, y en particular las mujeres, han tenido espacio y se ha reconocido sus agendas?

A.Q.: La participación fue una exigencia, los acuerdos de La Habana no tenían en cuenta la participación étnica, ni de la sociedad civil, para el caso nuestro como pueblo étnico fue más una incidencia fuerte en el marco de la exigencia, la valoración es positiva desde los esfuerzos que se realizan desde la comisión étnica para incluir el proceso del capítulo étnico.

Respecto a la participación de las mujeres, es una tarea compleja y difícil, la participación sigue siendo ausente y para quienes estamos, es difícil porque debemos luchar incluso contra situaciones internas para tener una real participación en las organizaciones, en otras instancias y en estos procesos de negociación entre Gobierno e insurgencias.

Reconocemos que el haber incluido en los acuerdos de La Habana la participación de las mujeres y el enfoque de género es un logro sustancial, es indignante que el Gobierno no cumpla con la implementación, evidentemente lo pactado y acordado no se está legislando tal y como quedó expreso en el acuerdo.

Usted y su familia han sido víctimas de diversos atentados, ¿ve mayores garantías para los liderazgos indígenas a partir de la implementación de los acuerdos de La Habana?

A.Q.: En términos de garantías para las víctimas lógicamente la dinámica es de exigencia, una reclamación constante para que se cumplan, en el caso de los pueblos indígenas, las sentencias y los artículos 04, 092 y el decreto 4633 de víctimas, pero todo ello ha sido muy difícil y es una constante lucha, el Gobierno colombiano no sólo no pone su voluntad, sino que además no destina presupuesto y financiamiento para dar cumplimiento, así que la lucha social es bastante larga y difícil. Para quienes tenemos una mínima protección por parte del Gobierno esto ha sido porque ha habido una exigencia fuerte de las comunidades organizadas, pero no quiere decir que haya una garantía plena para todas las víctimas en el país.

En mi caso, tengo una lectura de la realidad no solamente enmarcada en el proceso indígena, también desde el movimiento social y desde esa posición considero importante el paso que se da con la firma de los acuerdos de la Habana, los cuales son resultado no solamente de la voluntad del Gobierno colombiano, sino también de la exigencia desde las comunidades y los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas hemos sido víctimas históricas del conflicto armado, y desde todas las ópticas desde donde se mire el conflicto armado en el país, el hecho que el Gobierno haya dado ese paso y concretado ese proceso de paz es muy valioso.

Ahora bien, observamos tras este primer año de firmados los acuerdos, que el Gobierno no ha cumplido en la implementación de lo firmado, situación semejante se presenta con los acuerdos firmados a raíz de las mingas que hemos desarrollado en el marco del proceso social e indígena, procesos de movilización en donde se firman muchos acuerdos pero no se cumplen.

Importante señalar también la situación en términos económicos, el sector privado tiene unas intenciones con respecto al devenir del país y de algunos territorios que deja las FARC y bajo el lema del desarrollo económico global ven una oportunidad para desarrollar la locomotora minero-energética en territorios antes inexplorados. El asesinato de los líderes sociales se debe precisamente a ello, a la defensa de la madre tierra y del territorio, porque somos defensores milenarios e históricos, entonces lógicamente se asesinan los líderes sociales porque representan un obstáculo, el hecho de que se haya firmado un acuerdo en el país, no quiere decir que exista paz o que hayan concluido los intereses económicos sobre los territorios.

Si miramos el caso de la Sierra Nevada, existen 244 títulos mineros y si miramos hacia el sur del Cauca la cantidad de títulos también de hidrocarburos, de represas; eso nos lleva a pensar que más allá del conflicto armado y de los enfrentamientos entre un actor y otro, son las políticas neoliberales las que nos tienen en riesgo de exterminio físico y cultural y no solamente a nosotros como pueblos indígenas. Para el caso del Cauca es muy expresa la forma como se viene asesinando a los líderes sociales, es un asesinato sistemático, pero además el actuar de la fuerza pública respecto al asesinato y la violación de Derechos Humanos se ha normalizado socialmente, por ejemplo anoche asesinaron un joven en el Palo municipio de Caloto y 6 heridos más, entonces consideramos gravísimo que la fuerza pública siga asesinando a la sociedad civil y mucho más en tiempos de paz y posacuerdo en donde se debería replantear el actuar de la fuerza pública, porque la paz no es solamente una responsabilidad de los civiles sino también del Estado en su conjunto.

¿Qué valoración general tiene el CRIC de los procesos de negociación con ambas insurgencias llevados a cabo durante los últimos 8 años?

A.Q.:Dentro de la evaluación que hace el movimiento indígena caucano y colombiano, pensamos que los acuerdos han sido importantes, si bien no es la solución del país es un paso para construir la paz.

La valoración también se hace en términos críticos, pues se ve ausente el verdadero cumplimiento e implementación de los acuerdos, manifestación de ello es lo sucedido con el Fast Track, el recorte y supresión de los puntos pactamos, el acuerdo no terminó siendo lo que verdaderamente se construyó en la Habana y quienes no quieren la paz han terminado incluyendo elementos que no contribuyen a superar el conflicto en Colombia y construir procesos de paz y reconciliación.

Es importante también en este tema observar cómo en el marco de la paz y el posacuerdo se han presentado mayores índices de asesinato a líderes sociales y eso es un indicador que nos muestra que estamos en un riesgo eminente, en tiempos que supuestamente son de paz y posacuerdos.

Pensaría como siempre hemos pensado los pueblos indígenas, en la necesidad de no cesar en las distintas iniciativas que tenemos desde los territorios en la construcción de paz, estos procesos son los que deberían definir cómo se desarrolla la transformación de Colombia, sería muy interesante si se pudiera y se hiciera desde las comunidades y los pueblos, los afectados realmente con la conflictividad del país.

No podemos olvidar además que hemos venido construyendo paz desde nuestros territorios desde hace muchos años y los pueblos indígenas de manera milenaria, hemos sido sometidos a riesgo de exterminio físico y cultural históricamente, este es un momento más para fortalecernos en los territorios, para construir los planes de vida, desarrollar el ejercicio de Gobierno propio y por otro lado también tejer las alianzas estratégicas en el ejercicio de construir paz desde la sociedad civil, porque si el Gobierno o quienes son responsables de este proceso no cumplen y no materializan, toca que las comunidades nos fortalezcamos en el marco de las dinámicas, en las convergencias, pero también en la construcción de paz con la sociedad civil y el pueblo no organizado.

A pesar de este panorama seguimos siendo optimistas, la paz la debemos seguir construyendo desde las comunidades en el marco de nuestra soberanía y autonomía, pero además en el marco de las exigencias, las dinámicas sociales y los procesos de unidad, prepararnos para ser más fuertes y afrontar con más determinación la problemática social del país. Son muchos los retos, la construcción de paz desde los territorios, el asunto de la gobernabilidad y el asunto también de la autonomía, del control territorial, de permanecer y conservarnos en el tiempo. Más allá de los acuerdos firmados el reto es para los pueblos organizados.

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*Aída Quilcué (Cauca, 1973) es lideresa de las comunidades indígenas del departamento del Cauca. Fue la primera mujer en ser designada consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). En 2008 lideró la Gran Minga de Resistencia, movilización que exigió al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos pactados con los pueblos indígenas del Cauca. Actualmente es consejera de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).