La paz rebelde es la respuesta a la ´pacificación´ violenta de las élites

Colombia ha sido vanguardia en la búsqueda de la paz, pero también supo ser trinchera de la tiranía como ahora lo es del fascismo, señala en este artículo Isaac García*, de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta. La reivindicación del derecho a la rebelión.

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”. Artículo 35 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1793.

 

El derecho a la rebelión, la resistencia y la desobediencia civil hacen parte de la evolución histórica en la lucha de los pueblos por alcanzar su autonomía y libertad ante los tiranos. En el caso de Colombia, este derecho ha sido satanizado por el poder que, perpetuado en grupos familiares y partidistas, ha apresado la democracia bajo el discurso maquillado a través de generaciones de “combatir a los que nos hacen la guerra”, legitimando el exterminio a todo grupo, comunidad o persona que intente cuestionar a quienes mantienen secuestrada nuestra República.

Ejemplo de ello fue la Rebelión Comunera en la Nueva Granada (actualmente Colombia) dada en 1781, que tuvo por causa inmediata las medidas tomadas por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, quien aumentó el impuesto de alcabala, estableció impuestos a la sal, el tabaco y los juegos de cartas e impuso nuevos gravámenes a los textiles de algodón.

Estos cambios se enmarcaban en el contexto de las llamadas “reformas borbónicas” que pretendían, entre otras cosas, imponer mayores gravámenes a las élites criollas y recomponer los resguardos indígenas con el objeto de rematar tierras a favor de la Real Hacienda. Esta revuelta reunió demandas sociales y políticas, convirtiéndose en ante sala para las luchas por la independencia de América, pues fue una expresión de furia popular contra los funcionarios españoles y una aspiración a tener gobiernos con participación del pueblo criollo. (Rebelión de los comuneros, Rueda Santos, Departamento de historia Pontificia Universidad Javeriana).

Colombia ha sido a través del tiempo vanguardia en la búsqueda y construcción de la paz, la libertad y la democracia por medio de la infinidad de disputas de sus pueblos y comunidades, pero ha sido también una trinchera del colonialismo, de la tiranía, y actualmente cuna del fascismo y el capitalismo vueltos gobierno, pisoteando y masacrando a la gente de la periferia. Una cruenta guerra que ha carcomido las bases sociales y que ha servido como excusa para el atornillamiento de la clase dominante en el poder durante generaciones.

De la lucha armada a las mesas de diálogos inconclusas

Luego de más de 50 años de alzamiento en armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC -EP), y después de muchos intentos fallidos de diálogo entre el gobierno nacional y esta guerrilla, podemos recordar los diálogos dados con el presidente Belisario Betancourt en 1984 que dieron como resultado la fundación de la Unión Patriótica (UP) como garantía para la participación política; paradójicamente, ese movimiento fue posteriormente exterminado debido a su auge popular democrático.

Esta vez, luego de varios encuentros, las FARC y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos culminaron la Mesa de Diálogos después de más de 4 años de conversación en la reintegración de este movimiento guerrillero a la vida civil y a la participación política con garantías y sin armas, teniendo como ruta los 5 puntos acordados sobre política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas. Esa agenda, días después de ser pactada y firmada, empieza a ser desarticulada y modificada a conveniencia de las élites históricas de siempre y jugando nuevamente con la real intención de paz de las FARC.

Paralelamente a este escenario, con una voluntad de diálogo más amplia y que reúna los sentires de la sociedad civil colombiana nace el 7 de febrero de 2017 en Quito, Ecuador, la mesa de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno de Juan Manuel Santos con el objetivo de lograr acuerdos con todos los actores del conflicto armado en el país. Sin embargo, esta Mesa se ha visto atomizada por las acciones gubernamentales en contravía de lo negociado y principalmente para lograr la paz estable y duradera que tanto se resalta en lo conceptual, pero se destruye en la práctica.

La paz camuflada en la pacificación violenta

Negar la participación de las víctimas en la Circunscripción Especial para Paz, los cambios a último momento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en donde prevalece la impunidad para los altos mandos del estado, el encarcelamiento de líderes guerrilleros sin pruebas reales, la lenta aplicación de la Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fundamentales en el diseño de la Reforma Rural Integral, de la mano del asesinato sistemático de líderes sociales y comunitarios de las zonas en donde las FARC entregaron sus armas, la aprobación de la ley ZIDRES que permite el gran latifundio y el desplazamiento de comunidades campesinas por la mega industria, el encarcelamiento y persecución a miembros del movimiento social (como el caso de Julián Gil, secretario técnico del Congreso de los Pueblos), más una lista inmensa de acciones del Gobierno Nacional, van en clara contravía de la búsqueda “de la PAZ estable y duradera”. Esos hechos profundizan el conflicto social y eternizan el círculo vicioso de perpetuar el conflicto por medio de engaños y mentiras a la sociedad colombiana, a los grupos históricamente alzados y principalmente a los pobres y desfavorecidos del país.

A esto se le suma la llegada al gobierno del nuevo presidente Iván Duque, de la mano del Centro Democrático y el bloque neoconservador dirigido por los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana que tienen como principal objetivo “hacer trizas los acuerdos de La Habana” y con ello la fe y el anhelo de todo un país.

Nadie robará nuestros derechos

En 1781 la imposición de medidas impopulares en contra de la clase media y baja por parte de la Corona levantó una insurrección popular por la defensa de sus derechos. Al igual que entonces, ahora el Gobierno de Iván Duque actúa como si esto siguiera siendo una monarquía: de forma descarada y mezquina por medio de sus ministerios anuncia el recorte al salario mínimo, a la educación, a las pensiones y la eliminación de las cortes supremas de justicia, además del fortalecimiento de la guerra interna y externa haciendo que Colombia sea la línea en donde se apunta para declarar la guerra a Venezuela.

Pero al recorte del presupuesto de la educación los estudiantes contestan con organización, resistencia y lucha, como se ha visto en las últimas jornadas de protesta a nivel nacional. Contra la política de guerra, la gente se organiza en las calles para exigir la defensa de la paz.

La gente de a pie se empieza a organizar no de forma partidista sino para confrontar las medidas del mal gobierno que atentan contra el bienestar de comunidades y ciudadanías, en las calles, en los barrios, en las universidades;  en los medios de comunicación autónomos se  diseñan estrategias que mueven la balanza para denunciar y rebelar ante la opinión publica todas las acciones en contra del pueblo, un ejemplo de ello fue la Consulta Anti Corrupción que buscaba desenmascarar y darle un escarmiento a los políticos y partidos de siempre.

De esta forma, así como se presiente aires de represión y persecución a todo lo que tenga tinte de divergente, también se sienten ríos de muchedumbre que se organiza y que cada vez gana más terreno desde lo jurídico, lo social y la movilización, poniendo en jaque y anunciando el desmoronamiento del castillo de mentiras y eufemismos que ha blindado hasta ahora al gobierno.

Esto nos lleva a la conclusión de que la paz no se decreta ni se acuerda y mucho menos se impone a la fuerza y con violencia. La paz es la que se piensa desde las comunidades y se hace desde el respeto a la autonomía de los pueblos, se condensa en la diversidad y de forma plural.

Paz es exigir salud para todos, educación de calidad, trabajo digno, libertad de expresión; tomarse la Alcaldía para pedir agua, confrontar al político clientelista, quejarse, organizarse y movilizarse contra los recortes, escribir en una pared “NO MÁS GUERRA”, indignarse por la corrupción y comentarlo en bus para denunciarlo, hacer y demostrarle a esa élite que históricamente ha secuestrado la democracia que no pueden jugar con nosotros y que buscaremos la paz desde el diálogo o desde la rebeldía social.

Porque, como dijo el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo, “Cuando el pueblo se decida a luchar hasta el fin no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo que quiere su libertad”.

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* Isaac García es estudiante de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, presidente de la Junta de Acción Comunal  (JAC) del Barrio Scalabrini, de la ciudad de Cúcuta, e integrante del Colectivo Fuerza Popular.