Un llamado a la esperanza

En la actual coyuntura política del país parecería incluso descabellado hablar de esperanza. Más aún cuando se toca el tema de la paz. Sin embargo, con el interés que desde la Revista Lanzas y Letras tenemos de exponer una visión holística de lo que viene sucediendo en el país,  presentamos un “llamado a la esperanza” del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo. 

Por: Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo*. El momento histórico nos  indica la urgencia de avanzar en la articulación necesaria de los distintos sujetos políticos y sociales, rurales y urbanos con sentido plural que nos acerque a la configuración del sujeto político histórico para avanzar hacia las transformaciones inaplazables que requiere el país.

Con este propósito, constatamos de entrada la obligación ético-política de aunar, fortalecer y empoderar comunidades cuyo pensamiento y conocimiento evoquen con hondura sus históricos sueños de una nación abierta, plural, diversa, equitativa y sostenible. Comunidades de palabra liberada dispuestas a romper los  regímenes de la palabra popular encadenada y prohibida. Comunidades de prácticas organizacionales y políticas nuevas, derivadas de todas las luchas sociales y de todas las movilizaciones populares. Comunidades que mediante procesos organizados conocen el multilenguaje y la multiculturalidad, expresada no solo en la diversidad de idiomas sino en la riqueza de los dialectos y costumbres de cada una de las regiones, pero hermanadas con todas las formas de la vida, con los saberes y pensamientos ancestrales. Comunidades del plural y colorido ser, existir, pensar, sentir y amar de la población humana que habita el suelo común de Colombia.

Reconocemos la urgencia de inaugurar escenarios de articulación en nuestro país desarticulado, de incidir constructivamente en el conflicto nacional sin resolver a lo largo de más de dos siglos, de romper las trampas del aislamiento y los individualismos, del lucro y el consumo que nos asfixian en parcelas, intereses, claustros y distancias. La urgencia de pensarnos en la construcción de entendimientos y acuerdos, de eliminar los cercos de la  incomunicación, de optar por liberadoras formas de pensar, sentir, decir, hacer, conversar e intercambiar los sueños y las utopías.

Con estos propósitos nos hemos venido trenzando en conversación y en compartir de sueños, en dudas y preguntas, en réplicas y contrarréplicas, en múltiples encuentros, escenarios, fechas y horarios. En procesos de formación y de lucha social y política, propuestas divergentes, indígenas, negros, campesinos, victimas, mujeres, estudiantes, dirigentes sociales, educadoras-educadores populares, maestras y maestros universitarios, y los presos políticos del Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo que durante más de 7 años hemos insistido en esa nueva pedagogía que recupere al sujeto transformador y promueva el saber-experiencia y el conocimiento desde los territorios, que aborde comprometidamente los problemas de la vida de las comunidades y los pueblos, y que promueva una formación permanente y contextualizada, potenciando con su participación el nacimiento de una nueva sociedad y una nueva democracia.

En Colombia, pese a varios intentos fallidos en su contra, las estructuras coloniales se mantienen. La crisis económica, social y política se ha profundizado en las tres últimas décadas, como resultado de las formas de acumulación, de las condiciones de desigualdad que generan exclusión y marginalidad, de la perversa conducción del Estado y de un largo conflicto con altos niveles de degradación de la confrontación armada en el que las más afectadas son las poblaciones que habitan en los territorios: afrocolombianas, indígenas, campesinas y desplazadas internas.

El Estado, a través de todos sus gobiernos ha sido enfático, con todo, en imponer a las negociaciones unos “inamovibles”, a saber: el modelo económico, el modelo político y la doctrina militar, asuntos que, en últimas, son los grandes generadores del conflicto colombiano que traspasa los dos últimos siglos. Así, mientras las negociaciones y acuerdos con la insurgencia avanzan, la realidad política, social, económica y guerrerista del país no dan señales de cambios favorables a la vida y a la democracia. Son relevantes, en cambio, hechos que evidencian que el conflicto armado no tiene fin cercano: las élites dominantes se fortalecen y controlan el país, los medios de comunicación, las iglesias fundamentalistas, los aparatos armados y la educación controlan los cuerpos y el pensamiento; el sistema financiero tiene licencia para la más abusiva voracidad. Según el Indicador  Gini, (forma de medir la distribución de la riqueza) crece sin pudor la concentración de las riquezas en poquísimas manos, al tiempo que generan exclusión, marginalidad y empobrecimiento masivos en la mayoría de la población. La delincuencia común y el paramilitarismo crecen sin pausa y hacen control político, económico y social en las regiones; grandes multinacionales  extractivistas hunden sus voraces garras y dientes para saquear el suelo y el subsuelo, amparadas  por las políticas estatales que  lesionan los intereses y la vida de la gran mayoría.

En los territorios urbanos y rurales no hay coherencia entre la realidad que afrontan los empobrecidos que los habitan y la sistemática negación del conflicto que pregona el gobierno nacional. La naturalización de la corrupción en el ejercicio del poder, la subcultura mafiosa que sonsaca a los jóvenes de los escenarios de la educación, la eliminación sistemática de animadoras y dirigentes políticos populares, el continuo desplazamiento forzado campo-ciudad, las personas que mueren por hambre, la mercantilización del sistema de salud, los altos índices de desempleo, subempleo y empleo informal, la violencia intrafamiliar, la discriminación por diversidad sexual y de género, etnia, clase social o credo religioso y político. Además de la estigmatización y persecución a los movimientos sociales y la vulneración de los derechos constitucionales y humanos que contradicen los escenarios que el Gobierno dice estar tejiendo con la insurgencia armada hacia la solución del conflicto.

Las negociaciones del Estado y las guerrillas de las FARC y el ELN tienen que tomar en consideración el fracaso mundial del modelo capitalista, los esfuerzos de la humanidad por construir democracias plurales e incluyentes y la innegable obligación de transformar las causas que originan los conflictos y las confrontaciones armadas locales y mundiales. Por lo tanto, para que este ejercicio sea consistente, duradero y eficiente, ha de contar con la máxima participación dinamizadora de los movimientos populares y territoriales y las organizaciones sociales de base que asuman la tarea de construir los fundamentos y condiciones de los procesos de negociación y acuerdo. En consecuencia, lo harán desde las perspectivas de satisfacción de necesidades, de reconocimiento político de las luchas populares, que posibiliten condiciones de gobernabilidad e integración de los pueblos y de la dignificación de la vida en todas sus manifestaciones. En la búsqueda de este propósito las organizaciones populares se articularán como comunidades de pensamiento, de saberes y de prácticas, de nueva educación, y  se manifestarán como fuerzas indispensables para lograr los cambios que requieren el Estado y la sociedad.

En conclusión, ningún proceso de paz o de resolución del conflicto por vías no violentas será posible sin la participación activa y decidida de todas las comunidades con asiento en los diferentes territorios urbanos y rurales de la geografía nacional. En tal sentido, el ejercicio político no debe seguir siendo entendido únicamente como la pertenencia a un partido o movimiento con objetivos puramente electorales, sino que la política debe ser el mecanismo con el cual se busca el bienestar social de una comunidad en concreto. De manera que para la participación, tanto en el proceso de diálogos entre el gobierno y el ELN, como en toda la dinámica política del país, no solo no hay que pedir permiso sino que hay que  exigir que se respeten los escenarios y los mecanismos que las comunidades acuerden y diseñen para tal fin. La soberanía popular no se delega, se ejerce a pesar de la negativa de las élites para reconocerla. Y ante tal negativa la respuesta debe ser de indignación y rebeldía popular. Es momento de volver a la acción sin permiso.

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*El Movimiento de Presos Políticos Camilo Torres Restrepo es un coleictivo de presos políticos del Ejército de Liberación Nacional que se ubica en la cárcel Bellavista de Medellín. Desde allí desarrollan líneas de trabajo en torno a la pedagogía para la paz y la interlocución con la sociedad civil.