Caso Castilla – Carlosama: efecto búmeran de la liviandad acusatoria

Si por un momento diéramos crédito a las acusaciones de pertenecer a grupos armados contra prestigiosos y respetados líderes sociales (o, en ocasiones anteriores, contra reconocidos académicos o defensores de derechos humanos), ¿eso no legitimaría a las guerrillas? Un método inconsistente, cada vez más ineficaz.

Esta vez fue el turno del líder campesino Alberto Castilla, reelecto senador por el PDA, y del representante indígena a la Cámara, Germán Carlosama. El fiscal Néstor Humberto Martínez pidió a la Corte Suprema que los investigue por presuntos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La acusación no aporta mayores elementos y los señalados no fueron notificados, tuvieron que enterarse por los medios de comunicación. La fiscalía, incluso, podría tener motivaciones revanchistas en el caso de Castilla: el senador, en rueda de prensa, expresó que tiempo atrás había llamado la atención sobre vínculos del fiscal Martínez con casos de acaparamiento de tierras, dando a entender que podría haber animosidad en la acusación.

´Modus-operandi´ desgastado

El método de pretender sacar de carrera a opositores políticos con acusaciones sin sustento no es nuevo: a lo largo de la historia padecieron ese tipo de persecución importantes figuras como Gerardo Molina Ramírez, tres veces representante a la Cámara; el respetado político e intelectual Diego Montaña Cuéllar, o el incuestionable exmagistrado y fundador del Polo, Carlos Gaviria Díaz. Más recientemente defensores de derechos humanos que se volcaron a la política como Alirio Uribe Muñoz o Iván Cepeda padecieron la misma saña acusatoria. En esos casos no pasó mayor cosa, aunque con Piedad Córdoba tuvieron mejor suerte: la exsenadora liberal perdió su curul en 2010 y fue inhabilitada por supuesta colaboración con las FARC.

Pero no se trata solo de quienes hacen oposición desde la política institucional. Los señalamientos contra el profesor Miguel Ángel Beltrán, también por presuntos vínculos con las FARC, le valieron 2 años de cárcel sin importar que después haya sido declarado inocente. Entre los mencionados más arriba, Molina Ramírez fue, además de político, uno de los más respetados rectores de la Universidad Nacional y Montaña Cuéllar fue profesor y autor de diversos libros de derecho y sociología. Más recientemente, entre las 13 personas apresadas en Bogotá en 2015 con similares señalamientos había una prestigiosa abogada, un periodista y representantes estudiantiles muy queridos en el ámbito universitario. En Colombia, ciertas profesiones vinculadas al pensamiento crítico son perseguidas con igual intensidad de lo que sucede con la oposición política.

Un método que se vuelve contra los acusadores

La acusación sobre Castilla tuvo dos efectos inmediatos: el senador del Polo logró más visibilidad en canales de televisión, diarios y emisoras (a pesar de ser un dirigente con trayectoria, los grandes medios suelen ignorar a quienes defienden causas ajenas a sus intereses) y, por otro lado, se reactivó el pedido de investigación sobre los vínculos del fiscal Martínez, autor de la acusación, con los negociados de tierras que Castilla viene denunciando en defensa de los campesinos. Con la tranquilidad de que el señalamiento en su contra no pasará más allá de la bulla mediática, el senador bien puede resultar beneficiado de una acusación sin sustento.

Viendo los distintos casos de conjunto, hay otra reflexión que también deja mal parada a la estrategia acusatoria indiscriminada que aplican los personeros de la justicia que pretenden ver subversivos en toda causa popular.

Supongamos, por un instante, que tuvieran algún viso de realidad los presuntos vínculos de las personas señaladas con la guerrilla. Si así fuera, los acusadores tendrían un dilema: deberían decidir si insisten en presentar a la insurgencia armada como un puñado de narcotraficantes y secuestradores de ideas arcaicas y sin mayor interés que el de delinquir o, por el contrario, les reconocen a éstas un carácter político, ya que contarían con la adhesión activa de prestigiosos líderes sociales, legisladores con fuerte apoyo en las urnas, académicos, periodistas, abogados, etc. Aunque claramente no sea esa la intención, instalar esta última idea con señalamientos dudosos le hace un favor a la guerrilla.

Medios y rótulos

“Reviven dosier de ‘elenopolítica’” se apresuró a titular el diario El Tiempo en referencia a la acusación contra Castilla y Carlosama. “ELN, el nuevo enemigo”, rezó la nota de tapa de la revista Semana el 17 de febrero de este año.

Con el paso de las FARC de la lucha armada a la política legal, a los inquisidores del régimen les queda ahora el ELN como blanco de todas sus denuncias. A pesar de que la Mesa de Quito entre esta guerrilla y el gobierno inició el quinto ciclo de diálogos el pasado jueves, el destino de esas negociaciones es incierto, ya sea por la falta de avances como por el cambio de gobierno que tendrá lugar en pocos meses. Todo indica que el ELN no llegará a una instancia de acuerdo final en el corto plazo y, aunque el cese del fuego bilateral es un deseo de todo el movimiento social, sería realista esperar nuevos hechos de hostilidades fruto de la decisión gubernamental de negociar en medio de la confrontación.

Ante ese panorama, los sectores progresistas y de izquierda de Colombia no deberían dejarse amedrentar con este tipo de acusaciones, que seguramente no serán las últimas, conociendo el carácter de los agentes de la justicia que controlan fiscalías y juzgados. El caso de Alberto Castilla recogió inmediatamente la solidaridad de sus pares en el senado (además de las autoridades del Polo, que hicieron una defensa sin fisuras, Iván Cepeda y Aída Avella fueron quienes reaccionaron con más contundencia); también se solidarizaron cerca de 300 organizaciones sociales que firmaron una carta en apoyo a él y a Carlosama. Pero hay casos de líderes sociales menos conocidos que son detenidos, perseguidos o incluso asesinados en los territorios por señalamientos irresponsables de este tipo. Disponer la inmediata solidaridad, en cada caso, será una buena forma de no dejarse atropellar.

Aun con la incertidumbre respecto al resultado de las próximas elecciones presidenciales, los sectores progresistas y de izquierda incrementaron notoriamente su representación legislativa en las elecciones del 11 de marzo. Rodear a los referentes del movimiento social, especialmente cuando son atacados (de éste y otros modos más letales) será un buen método para consolidar las fraternidades necesarias en la izquierda, e ir por más.