Medios de comunicación en Colombia: las transformaciones que hacen falta

Por Pablo Solana*. La concentración de los medios en Colombia es tan obscena como la concentración de la tierra. ¿Qué transformaciones son necesarias para democratizar el acceso a la información y la comunicación? En los diálogos de Quito se promueven instancias de participación que pueden y deben ser aprovechadas para abordar este problema fundamental.

La tierra, como los medios de comunicación, están en unas pocas manos privadas que privan de derechos elementales a las mayorías. Los dueños de la tierra y los dueños de los medios se garantizan, así, los resortes estratégicos del poder económico, político e ideológico sobre el que edifican una estructura social desigual e injusta desde la raíz.

El Estado, que no interviene o lo hace a favor de los poderosos, convalida y garantiza esa desigualdad. Es hora de impulsar transformaciones urgentes en el plano de la comunicación, a tono con procesos que desde hace años se vienen dando en otros países de Latinoamérica y el mundo.

Las convocatorias a la participación de la sociedad para proponer los cambios que necesita el país, como la que hace el ELN desde la Mesa de Quito, son oportunidades que no se pueden dejar pasar. Periodistas, comunicadores y comunicadoras, medios comunitarios y alternativos, Universidades, debemos asumirnos como impulsores y actores protagónicos de esos cambios.

La concentración de los medios de comunicación en Colombia es tan abusiva como la concentración de la tierra

El latifundio y la negación del acceso a la tierra están en las raíces más profundas de la desigualdad en Colombia. Gran parte del conflicto social y armado que se intenta superar tiene su origen en esa brutal desigualdad. Hoy la situación es igual de alarmante que hace 60 años: Según un estudio de la confederación internacional Oxfam de julio de 2017 titulado “Radiografía de la desigualdad”, Colombia sigue siendo el país más injusto de Latinoamérica en materia de distribución de tierras. El 1% de las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícolas de más de 500 hectáreas) maneja más del 80% de las tierras productivas, mientras que el 99% restante se reparte menos del 20%. El periódico Desde Abajo elaboró el siguiente gráfico con base en esas cifras:

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Las estadísticas oficiales son más bajas, aunque igual de alarmantes. Señalan que el 1% de las familias más ricas del país concentran aproximadamente el 60% de la tierra apta para producir.

Esa cifra de concentración de la tierra es la misma que refleja la concentración de los medios de comunicación en Colombia.

El informe Monitoreo de medios, realizado entre otros por Reporteros Sin Fronteras, establece que tres grupos empresariales concentran el 57% del total de los contenidos a los que puede acceder la sociedad tanto en radio, TV, internet o prensa. Se trata de las organizaciones empresariales Sarmiento Angulo, Ardila Lulle y Santo Domingo.

Esta concentración se agrava porque estas empresas son, además, dueñas de otros resortes estratégicos del poder económico. Veamos estos casos en detalle.

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Luis Carlos Sarmiento Angulo es el hombre más rico de Colombia, y su grupo empresarial es el más poderoso del país. Es propietario del grupo mediático Casa Editorial El Tiempo, uno de los más tradicionales, influyentes e importantes del país, que produce más de 25 medios de comunicación en los sectores de prensa, televisión y medios digitales. Además, agrupa empresas e inversiones en distintos sectores de la economía: financiero, agroindustria, energía y gas, infraestructura, hotelería, minería e industria, construcción e inmobiliario. Maneja inversiones, acciones y valores mediante distintos holdings empresariales, siendo el más representativo el grupo Aval: una Sociedad Anónima a través de la cual controla la Corporación Financiera Colombiana –Corficolombiana- que agrupa más de 27 empresas que operan en distintos sectores económicos.

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Carlos Ardila Lülle ocupa el tercer lugar en la lista de millonarios colombianos según la revista Forbes. Es propietario de más de 50 medios de comunicación, entre los que se destacan el Canal de TV y la Cadena Radial RCN, NTN24 y Win Sport. RCN Radio cubre más del 80% del territorio nacional con más de 160 emisoras (entre propias, afiliadas y arrendadas). En TV, RCN es el segundo canal con mayor audiencia del país. La Organización Ardila Lülle es uno de los conglomerados empresariales más importantes del país, con más de treinta empresas de primera línea en distintos sectores estratégicos de la economía nacional. La empresa más representativa del grupo es Postobon, junto a otras de peso como Incauca y Los Coches; además tiene participación en empresas extranjeras como Cinepolis.

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El Grupo Empresarial Santo Domingo es propietario de Canal Caracol, El Espectador, Blu Radio y Cromos. Su casa matriz es Valorem SA (antes Valores Bavaria). El grupo participa además en diferentes sectores económicos como el inmobiliario, turístico, logística, transporte, comercio, industrial, comunicación y entretenimiento, a través de empresas propias como Cine Colombia, Gases del Caribe, Stock Models y Koba International Group (almacenes D1). En 2003 el grupo español Prisa adquirió la mayoría de las acciones de la Cadena Caracol, lo que dejó al conglomerado empresarial Santo Domingo sin participación en el sector radio hasta 2012, cuando lanzó al aire Blu Radio.

Si a ellos sumamos otros poderosos grupos como Publicaciones Semana (Revistas Semana, Dinero, SoHo, Fucsia, Jet Set, Arcadia, y sus respectivos portales) o el conglomerado de radios Olímpica de la familia Char, una de las más ricas del Caribe, llegamos a la conclusión que mencionamos al principio: ese puñado de empresarios (ni siquiera el 1%) es responsable de una concentración mediática tan escandalosa como la concentración de la tierra… o más marcada aún.

La concentración de la propiedad es a la vez concentración de contenidos. El discurso único del gran empresariado multimillonario en Colombia domina lo que se informa y comunica a la sociedad, sin posibilidad de ser puesto en discusión.

Los porcentajes de audiencia en radio y TV, los dos soportes de mayor penetración social, son contundentes.

El mismo estudio antes citado establece que el 72% de la audiencia televisiva nacional pasa por Caracol Televisión, del Grupo Santo Domingo; y por los productos televisivos de RCN, del grupo Ardila Lulle, pasa el 60%. La audiencia radial se reparte entre esos mismos grupos y la familia Char, dueña de la cadena Olímpica. Dos o tres conglomerados empresariales privados deciden los contenidos que consume la mayoría de la sociedad.

La comunicación es un derecho social, no una mercancía

Veamos que al hablar de la propiedad de los medios de comunicación hablamos exclusivamente de grandes grupos empresariales. Hay medios estatales, públicos, comunitarios, alternativos, que juegan roles fundamentales; pero lo que estamos cuestionando aquí es la concentración, tanto de la propiedad como de los contenidos de esos medios.

Para las empresas dueñas de los medios hegemónicos la comunicación es, además de un factor de poder, una mercancía. Garantizan la reproducción de la ideología dominante a la vez que comercializan y embolsan grandes ganancias con ello.

Esa lógica de la libre empresa se vuelve incuestionable al ser propagandizada por sus propios medios, instalada en el sentido común y amparada de manera cómplice por el Estado que, en vez de regular a favor de la sociedad, se pone al servicio del poder económico. Esa lógica de la libre empresa, aunque se la presente como incuestionable, es gran parte del problema.

Porque la comunicación antes que una mercancía, es un derecho.

El derecho a recibir una comunicación veraz, objetiva e imparcial; a tener la oportunidad de hacer escuchar su voz, de expresarse libremente, a través de diferentes medios, son elementos propios de toda actividad social, al menos en sociedades democráticas o que se precien de serlo.

La Organización de las Naciones Unidas así lo reconoce cuando declara que “la libertad de información es la piedra angular de todas las libertades, y un derecho humano fundamental”.

La UNESCO, en su Declaración de 1978, señala que “los medios de comunicación deben responder a las preocupaciones de los pueblos y de los individuos, favoreciendo así la participación del público en la elaboración de la información”.

Nada de eso puede garantizarse cuando la propiedad de los medios se encuentra hiperconcentrada en pocas manos, tras una lógica exclusivamente empresarial asociada a las élites tradicionales, como refuerzo de un ejercicio del poder que nada tiene que ver con la democracia.

Entonces, ¿cómo dar la lucha por la democratización de los medios de comunicación? ¿Quiénes deben dar esa lucha?

Asumirnos como sujetos activos de la comunicación: las experiencias latinoamericanas

Empezamos esta exposición comparando la concentración de los medios de comunicación con la concentración de la tierra.

El campesinado en Colombia ha sido, y aún lo es, un sujeto social y político protagonista de grandes gestas. La apropiación de la tierra a punta de despojo y violencia generó un movimiento campesino activo, rebelde, consciente de sus derechos, dispuesto a defender lo que le corresponde.

¿Qué correlato tiene eso cuando hablamos de la concentración de los medios de comunicación, del despojo que padecen los medios comunitarios, que realizan una labor fundamental, heroica en muchos casos, pero que se ven imposibilitados de competir en igualdad de condiciones con los medios tradicionales?

Si bien los poderosos siempre contaron con periódicos y medios para reforzar la dominación, el fenómeno de la concentración multimedial es relativamente reciente, cuestión de algunas décadas. El desarrollo tecnológico y la globalización neoliberal facilitaron el proceso de privatización y fusiones empresariales sobre el que se basan los índices obscenos de propiedad concentrada de medios, en Colombia y en el mundo.

De la mano de ello, los debates sobre el derecho a la información y a la comunicación también son relativamente actuales.

Tal vez hayan sido los gobiernos progresistas de América Latina los que, en las últimas dos décadas, lograron mayores avances al respecto.

Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, desarrollaron diversos procesos de debates y reformas legislativas. Si bien los resultados fueron disimiles, las motivaciones y algunas de las propuestas centrales tuvieron mucho en común. Veamos el contexto en el que esos procesos se dieron, para entender los alcances y limitaciones.

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Mencionemos como ejemplo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, que se sometió a debate en Argentina; se aprobó en 2009 promovida por el gobierno de Cristina Kirchner y fue derogada en 2015, apenas asumió el gobierno de derecha de Mauricio Macri.

Alcanza con mencionar solo un aspecto, que ilustra lo que podría ser una reforma sensata, razonable, y que aun así desató una confrontación política que erosionó grandemente al gobierno que la propuso. Se trata de la norma que establece, para la distribución del espacio radioeléctrico, porcentajes equitativos para los medios privados, públicos y sin fines de lucro.

Esa misma norma se aplicó en las leyes aprobadas en otros países, como el caso de Ecuador.

El espectro radioeléctrico es limitado, es decir, hay determinada cantidad de frecuencias para ocupar; eso aplica tanto para emisoras radiales o televisión abierta. El espacio radioeléctrico, además, es propiedad estatal; lo que el Estado hace con esas frecuencias es entregarlas en concesión a las empresas privadas que las ocupan. Pero está tan naturalizado que esas empresas son las “dueñas” de la señal que, cuando el Estado quiere rediseñar el otorgamiento de esas licencias o el uso del espectro radioeléctrico, en seguida se habla de censura o medidas dictatoriales. A Chávez le pasó con el canal RCTV, al cual el Estado venezolano decidió, en 2007, no renovarle la licencia para emitir en la señal que ocupaba (podía, como efectivamente hizo, seguir emitiendo por cable). Los motivos eran más que justificados: ese canal había promovido sin medias tintas el golpe de Estado, y sus directivos padecían procesos legales por ello; aun así, la campaña internacional en nombre de la libertad de prensa atacó al gobierno venezolano, cuando en realidad lo que defendían no era la libertad de prensa sino la libertad de empresa para pretenderse por encima del bien común y la legalidad.

Volviendo al caso argentino: la ley debatida y aprobada por el parlamento definía el 33% del espectro radioeléctrico para empresas privadas, 33% para medios sin fines de lucro y 33% para medios estatales.

Eso nunca llegó a implementarse porque, más allá de la aprobación de la ley, que implicó una polarización política muy marcada, la correlación de fuerzas siguió favoreciendo a las grandes empresas, que boicotearon cualquier cambio concreto que se derivara de la implementación de la ley. Son las mismas empresas periodísticas que hicieron campaña decidida para el candidato derechista Mauricio Macri quien, entre sus medidas de los primeros días de gobierno, les retribuyó el apoyo derogando la ley.

Más allá de la no implementación y de los pocos avances en la materia, el solo hecho de haber sometido a debate público la propiedad de los medios de comunicación generó un amplio debate que puso en evidencia las tramas del poder y los intereses económicos que se esconden detrás de la forma en que se presentan las noticias.

En Colombia solemos encontrarnos con reflexiones escépticas al respecto: “aquí no va a suceder eso, los gobiernos de Argentina o Ecuador tomaron la decisión política de enfrentar a los grandes grupos empresariales, algo que aquí no sucederá”.

Es cierto que no se pueden descontextualizar esos avances que se lograron en algunos países de América Latina. Los gobiernos que los impulsaron han tenido el mérito de cuestionar la concentración privada de los medios de comunicación. En algunos casos, más que por convicción han debido hacerlo en defensa propia, porque sus programas de gobierno, aun siendo tímidamente reformistas, fueron duramente atacados por los factores del poder económico más concentrado y los medios más conservadores.

Pero lo que nos interesa señalar en este punto es el proceso previo de gestación de esos debates, de preparación del terreno, de luchas que prefiguraron esas batallas políticas posteriores.

En Argentina, el debate en torno a la democratización de la comunicación no lo instaló el gobierno de Cristina Kirchner, ya estaba instalado desde años antes. La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es una articulación de emisoras, periódicos, televisoras comunitarias, colectivos barriales que hacen comunicación popular, comunicadores universitarios, etc., que existe hace más de dos décadas; otras instancias de articulación como el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), y carreras universitarias de Ciencias de la Comunicación, empujaron el debate, incluso en épocas de gobiernos neoliberales, cuando aún no se sospechaba que desde el Estado se pudiera asumir parte de la agenda de cambios que proponía la Red.

También en Venezuela la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos (ANMCLA) tuvo su desarrollo más allá del impulso que el presidente Chávez dio al debate sobre los derechos de los medios comunitarios.

En toda América Latina esos debates germinaron, comenzaron a plantearse, cobraron fuerza y encontraron a un sujeto dinamizador en las redes de medios comunitarios y alternativos en cada país; esos espacios surgieron y se desarrollaron en contextos adversos, como parte de procesos lentos de recomposición del movimiento popular ante gobiernos neoliberales.

En ese punto, para esas tareas previas del movimiento social, en Colombia no hay motivos para el desaliento: más allá de las correlaciones de fuerzas en las instituciones, toca hacer el trabajo por la democratización de los medios desde ahora, y desde el movimiento social.

Mirando a Quito: Participar para elaborar propuestas de cambio

El contexto colombiano tiene sus particularidades, no todas desfavorables. Es cierto que la institucionalidad, sometida casi sin grietas por representantes de las clases dominantes, es poco permeable a propuestas de cambio tendientes a la democratización; esto es así en todos los planos, no solo en lo que concierne a la comunicación. Igual de evidentes son las dificultades que tiene la izquierda para lograr mayores espacios de representación en esa institucionalidad; sin ello será muy difícil avanzar en proyectos de ley o velar por que el Estado garantice un derecho básico, como el acceso en condiciones de igualdad a los medios de comunicación.

Pero a la vez que reconocemos esas dificultades, vemos que hay posibilidades que debemos aprovechar.

Las negociaciones de paz, aún con sus limitaciones, permitieron poner en evidencia problemas sociales históricamente postergados ante la gravedad del conflicto armado; en la medida en que avanzaba el proceso de La Habana con las FARC, distintas agendas se fueron proponiendo desde el movimiento social para que esa mesa las considere, entre ellas, lo relacionado con la democratización de los medios de comunicación.

Esos avances fueron muy tenues. En el plano de la comunicación, los acuerdos de La Habana no lograron plasmar modificaciones que alteren el mapa actual de desigualdad.

Por estos meses se está desarrollando la Mesa de Diálogos con el ELN, en Quito, Ecuador. Allí la propuesta de participación de la sociedad parece tener un protagonismo mayor, aunque aún no se conoce cómo serán las instancias concretas para esa participación.

En el plano específico de la Comunicación, algunas señales son alentadoras. A principios de agosto la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos, FIPU, realizó un Encuentro público para tratar este tema junto a la delegación del ELN en Ecuador. Como parte de los intercambios, invitaron a “periodistas, comunicadores y comunicadoras, trabajadores y trabajadoras de prensa; medios comunitarios, alternativos, populares y estatales” a ser protagonistas de las instancias de participación para “democratizar los medios de comunicación”.

Si de lo que se trata es de promover cambios que reviertan las estructuras injustas de la sociedad y abran espacios a la participación, queda claro que en lo que refiere a los medios, el manejo de la información y la comunicación, hay mucho por lograr. Más allá de los distintos actores políticos y de la correlación de fuerzas en la institucionalidad, éste, como todo proceso social de cambio, deberá ir tomando fuerza por abajo.

Cada foro, encuentro, red o articulación entre medios populares de comunicación, sectores de la academia, periodistas críticos, colectivos comunitarios y movimientos sociales, bien puede ser parte de ese proceso, que ya está en marcha.

6 – 10 – 2017

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* Pablo Solana es editor de la Revista Lanzas y Letras y de la Editorial La Fogata de Colombia. Este artículo fue preparado para el Primer Foro de Comunicación y Movimientos Sociales de la Universidad Francisco de Paula de Santander organizado por Colombia Informa – Cúcuta.