Una flor por Bucaramanga, un intento de Poder Popular

En 1987 ¡A Luchar! había cumplido con uno de sus principales objetivos: el Paro del Nororiente, que había puesto en alerta máxima al establecimiento. Meses después, las movilizaciones deberían confluir en las Marchas de Mayo.

Por Laura Cáceres Pinilla.* Dentro de la estrategia en la cual se enmarcaba el proyecto político de ¡A Luchar!, era de suma importancia la realización de acciones colectivas que ejercieran presión al aparato estatal, con el objetivo de que las movilizaciones no se quedaran simplemente en reivindicaciones sino que abrieran los caminos para la transformación social. Para ello el movimiento partió de la experiencia organizativa que había dejado el anterior paro en la región y el no cumplimiento por parte del Estado de los acuerdos pactados.

Luego de varias evaluaciones se tomó la determinación de hacer un nuevo llamado a las organizaciones sociales y políticas, debido a la coyuntura que atravesaba el país, con una violencia creciente que se apoderaba cada vez más de los territorios.

La acción colectiva que se empezaba a planificar tendría una característica especial enmarcada dentro de la estrategia “del campo a la ciudad”, que se denominaría como la Toma a Bucaramanga.
Estas jornadas de mayo fueron convocadas por la Coordinadora Popular del Nororiente, que estaba conformada por varios sectores políticos como ¡A Luchar!, Unión Patriótica, Frente Popular y Corriente de Unidad y Democracia. Algunos puntos a exigir fueron los siguientes: “la nacionalización de los recursos naturales y de Caño Limón, el pago del déficit del hospital González Valencia, y garantías y libertades políticas. (Marzo de 1988, El Yarigui Chucureño).

En la Marcha Campesina, Obrera y Popular se agitó la consigna “Por la Vida, la Soberanía y el Bienestar”, debido a la constante persecución hacia los campesinos por parte de los grupos paramilitares que se establecieron en las diferentes zonas de Santander y Norte de Santander.

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Otro de los factores por los cuales las organizaciones que integraban dicha Coordinadora hicieron el llamado hacia la movilización, tuvo que ver con la defensa de la soberanía nacional, enfocándose en la problemática de la política energética y petrolera.

En el balance del pasado Paro Cívico del Nororiente se concluyó que muchos de los acuerdos fueron incumplidos por los administradores locales de la época. Ese fue un motivo para la confluencia de las bases sociales y una reivindicación más para justificar la organización y la movilización.

Estas jornadas no solo cumplirían con los objetivos de presión en función de sus reivindicaciones como clase, sino que también allí se mediría la fuerza del movimiento popular y por consiguiente su nivel de presión hacia los órganos estatales. La movilización sería la balanza para medir si se realizaría o no un gran Paro Nacional, que se enfocaría en unir a los sectores subalternos y alzar las banderas para la realización de una nueva Constitución alternativa.

La metodología que implementaron los organizadores para llevar a cabo estas jornadas de movilización poseía un sinnúmero de características parecidas a las ya implementadas en el pasado Paro del Nororiente. Los comités pro-Paro cumplieron con la función de llevar a cabo la preparación de los campesinos para que se hicieran participes de la movilización, y que, a su vez, cada uno aportara algunos productos de sus cosechas para la alimentación de las delegaciones. También se estipuló un cierto número de comisiones que se encargaron de dialogar con el gobierno los puntos del pliego.

Mayo de 1988

Para el 22 de mayo los campesinos y otros sectores sociales se encontraban ya preparados para dejar a un lado sus actividades diarias y encaminarse a dar inicio con la movilización programada. Para llevar a cabo dicha acción colectiva, el campesinado tuvo que acarrear con mayores esfuerzos logísticos, ya que debían dejar sus fincas y por consiguiente sus cultivos, sus animales, y a alguien encargado de las labores del campo. Este sacrificio fue necesario, ya que solo por medio de la movilización podían exigir sus derechos que históricamente les habían sido arrebatados.

Llama la atención que para concretar estas jornadas el gobierno nacional exigiera el debido permiso para la realización de las movilizaciones, según decían con el fin de mantener el orden y la “seguridad” de los marchantes, para que las manifestaciones se desarrollaran dentro de los marcos legales.

Pero los voceros de la movilización, que a su vez eran miembros de organizaciones como ¡A Luchar!, Unión Patriótica y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), mediante declaraciones hechas al periódico Vanguardia Liberal expresaron que “el gobierno negó el permiso respectivo a varias regiones para desarrollar la protesta, y al contrario, ordenó la militarización.” (22 de mayo de 1988, Vanguardia Liberal, página 2).

La respuesta que dio el Estado ante las peticiones que hicieron las organizaciones dejó ver que la estrategia del establecimiento era militarizar los territorios, con el objetivo de, ante cualquier percance, recurrir a la implementación de la violencia hacia los movilizados. El Estado prefirió reprimir antes que ampliar los marcos de participación de la población.

Por otra parte, los campesinos ya se encontraban desplazándose desde sus hogares hacia los puntos de encuentro, para luego poder llegar hacia la ciudad de Bucaramanga. Los primeros informes que se establecieron describen la llegada de “4.500 campesinos que, entre sábado y domingo, iniciaron una marcha desde Ocaña hacia Bucaramanga.” (24 de mayo de 1988, El Tiempo, páginas 1 a 6).

El Estado actuó de manera inmediata ejecutando su estrategia militar que se basaba en impedir la movilidad de los marchantes hacia la capital de los santandereanos. “[…] Las tropas inicialmente decomisaron los víveres y la leña que transportaban para resolver su alimentación y luego inmovilizaron los vehículos desinflando sus llantas” (24 de mayo de 1988, El Tiempo, páginas 1 a 6). El Estado justificó esos actos de la siguiente manera: 1) falta de permiso para la marcha; 2) debido a que no se movilizaban en buses que cumplieran con las normas de seguridad, sino en camiones; y 3) por no portar documentos de identificación. Estas acciones fueron desarrolladas en todos los puntos de concentración de las movilizaciones.

A pesar del actuar de las fuerzas militares, los marchantes continuaron con sus acciones de protesta. Con el transcurso de las horas y la intimidación que generó el Estado ante estos primeros días de movilización, las cifras ya indicaban que “[…] 30 mil campesinos se encontraban detenidos por tropas del ejército en las vías que conducen a Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Montería y el noroccidente de Antioquia, donde marchaban para concentrarse.” (25 de mayo de 1988, La Opinión, página 2).
Los militares adscritos a la Quinta Brigada ejecutaron la directriz de sus mandos, la cual fue dispersar de cualquier manera a los miles de campesinos que se disponían a llegar a la ciudad de Bucaramanga. Los manifestantes reaccionaron a los ataques de los soldados; ejercieron resistencia hasta donde más pudieron, pero la fuerza de las macanas y otros implementos que emplearon para reprimir triunfó sobre el poder de las piedras.

Aun cuando el Estado reiteraba que no iba a abrir las carreteras para dar paso a los manifestantes, las cifras demostraron la persistencia de aquellos que resistieron las incomodidades. Un portavoz de ¡A Luchar! indicó que eran unos 20.000 campesinos paralizados en las diferentes zonas de Santander, y otros 6.000 de Norte de Santander, preparados para “tomarse Bucaramanga”.

Disparos contra los marchantes

Los medios informaban que unos “400 [manifestantes] lograron franquear el cerco militar y alcanzaron su objetivo de concentrarse en la sede de la Unión Sindical Obrera, en Barrancabermeja, donde denunciaron la muerte de 10 campesinos.” (25 de mayo de 1988, La Opinión, página 2). Esto demuestra los altos niveles de fuerza ejercidos por los militares y la no protección de la vida.
Durante el transcurso de la marcha se presentó un hecho de violencia sobre el cual poco se ha escrito, y que con el paso del tiempo se ha dejado de lado. A pesar de que los grandes medios de comunicación trataron de opacar lo ocurrido aquel 25 de mayo de 1988 en la vereda Llana Caliente, del municipio de San Vicente del Chucurí, mediante testimonios y la confrontación de varios periódicos locales de la época se puede esclarecer el hecho.
Javier Marín fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional de ¡A Luchar!, miembro del Frente Estudiantil Revolucionario (FER) – Sin Permiso, y uno de los coordinadores del paro; comenta sobre lo ocurrido aquel día:

Desde San Vicente partió una de las marchas que trató de a llegar a Barrancabermeja, pero se vio interrumpida por un hecho que aun hoy no se logró interpretar si fue provocado o simplemente ocasional, en la que un soldado termina matando a un mando militar, se provoca una confusión y los soldados empiezan a disparar a los que venían en las marchas. (Javier Marín, comunicación personal, 28 de julio de 2015).

Igualmente, un testigo comenta qué fue lo que pasó en esta vereda a un corresponsal de ¡A Luchar!; su versión fue la siguiente:
El Ejército había secuestrado a tres campesinos, por lo cual nos organizamos para reclamar su liberación. […] Estábamos gritando consignas sobre esto y de inmediato se desató una balacera contra los campesinos que fueron cayendo en número indeterminado. Haciendo las averiguaciones encontramos que los disparos no salieron de la marcha campesina, como informaron los militares a los medios de comunicación, sino que estos fueron hechos por un sujeto llamado Camilo, que había desertado de la guerrilla y trabajaba para el coronel Correa, a quien asesinó. Esto ocasionó la balacera. No nos permitieron recoger a los muertos ni a los heridos; sabemos que hay fosas comunes y que enterraron a los campesinos asesinados, sin ningún levantamiento judicial. Fuimos llevados uno por uno y nos pegaron por la cabeza, puños y cachazos. A mí me dijeron que era guerrillero, me pusieron el fusil en la boca, decían: va a hablar, va a colaborar, o se muere, gran hijueputa. (15 de junio de 1988, ¡A Luchar!, página 8).

Beneficios y costos políticos

Esta acción colectiva se disolvió sin ningún tipo de solución a sus reivindicaciones, consecuencia del tratamiento militarista que el establecimiento les dio a los manifestantes, categorizándolos como parte de la insurgencia. Como respuesta ante la arremetida estatal, los movilizados respondieron con violencia hacia quienes los atacaban. Vale aclarar que los métodos que utilizaron no sobrepasaron la implementación de piedras, palos y uno que otro elemento que tuvieran a la mano que les permitiera defenderse.
Llama la atención que en el acuerdo buscado con las autoridades no se discutió ninguno de los puntos por los cuales se llamó a la movilización. Los puntos se limitaron a aclarar lo acontecido durante las jornadas de manifestaciones y disturbios; eso condujo a que el gobierno utilizara dichas eventualidades para eludir los puntos por los cuales se convocó a las marchas, y así disolver las manifestaciones, sin ninguna garantía de solución a los problemas que originaron las protestas.

Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta sufrieron el desabastecimiento de alimentos, producto del cierre de las vías que estuvieron bloqueadas por los manifestantes. De igual manera, se produjeron cuantiosas pérdidas económicas por parte de los comerciantes, quienes tuvieron que cerrar sus negocios hasta cesaran las manifestaciones.

De acuerdo con Antonio Sanguino, para ¡A Luchar! estas marchas significaron un nuevo momento y un gran costo político. Como se ha dicho, se padecieron muchos momentos de represión y violencia. Además, es importante mencionar que, para esas fechas, lo que pasara en la ciudad de Bucaramanga era fundamental. “[…] La dirección política de la movilización, que estaba en Bucaramanga, quedó totalmente aislada de las marchas, ya que la ciudad se encontraba sitiada por el ejército”. (Antonio Sanguino, comunicación personal, 27 de agosto de 2015).

Esto también permitió ver que, para ese momento histórico, el movimiento social y político ¡A Luchar! mostró una debilidad en cuanto a la capacidad organizativa y de movilización de los sectores urbanos; la fuerza movilizadora surgió de las zonas rurales y el aporte de las ciudades fue menor de lo que se esperaba.
En lo favorable, la jornada trajo consigo el reconocimiento de ¡A Luchar! como movimiento que podía, potencialmente, proponerse movilizar y parar el país. De esta manera, desde la organización concluyeron que esa movilización fue un elemento crucial para ser reconocidos como una fuerza política nacional.

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* Laura Cáceres Pinilla es estudiante de Historia en la Universidad Industrial de Santander.