[Informe Anual DDHH 2016] Menos conflicto armado, más violencia contra el movimiento social

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular radicó ante el Ministerio de Interior el informe “Situación general de DDHH 2016”. La cifra de 88 homicidios es la más alta en los últimos 6 años. Incremento del paramilitarismo e impunidad. [Informe completo].

Informe situación de DDHH en Colombia año 2016. Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular

1. Situación general de Derechos Humanos año 2016

Desde la Sub Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular hemos evidenciado como, producto de los procesos de Paz entre el gobierno nacional y las insurgencias armadas del ELN y las FARC-EP se ha presentado en nuestro país, un descenso de las afectaciones a civiles, combatientes y bienes derivadas del conflicto armado interno; y el incremento de los índices de violencia sociopolítica en contra de defensores de Derechos Humanos, líderes y dirigentes sociales y populares.

Situación que se ve agravada ante la confluencia de factores como: a. La presencia y reconfiguración del fenómeno paramilitar en los territorios que coinciden con las regiones. b. El regreso a las regiones de quienes en el pasado integraron las Autodenfensas Unidas de Colombia [AUC] dada su puesta en libertad por pena cumplida en el marco de la aplicación de la denominada ley de justicia y paz; y c. La ola de violencia política desatada contra quienes defendemos la solución política del conflicto armado colombiano.

Desde el 1 de enero de 2016 al 3 de diciembre de 2016, en nuestra base de datos hemos registrado las siguientes afectaciones en contra de Defensores de Derechos Humanos integrantes y dirigentes de organizaciones campesinas, indígenas, afro descendientes, mujeres, sindicalistas, victimas, estudiantiles, juveniles, comunidades diversas y cívico barriales.

 a) Homicidios

En el año 2016 se han presentado ochenta y ocho (88) homicidios en contra de defensores de Derechos Humanos. La cifra más alta en los últimos 6 años y 25 más que el año anterior.

b) Atentados

Cuarenta y seis (46) atentados. Los cuales fueron cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de civil, otros de negro, con camuflado o cubriendo el rostro con pasamontañas). Quienes se movilizan a bordo de vehículos automotores (camionetas o motocicletas) o a pie en zonas veredales o centros poblados.

Para su ejecución se utilizan armas de fuego de largo y corto alcance y/o artefactos explosivos.

c) Amenazas

Se han presentado 302 amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas (Panfletos, llamadas, sufragios, ramos de flores, cabezas de animales degollados, y el ofrecimiento de recompensas económicas por atentar en contra de la vida de defensores de Derechos Humanos).

En el caso de los panfletos amenazantes existen fundamentalmente dos factores de análisis:

  1. Factor territorial: Algunos fueron distribuidos en zonas rurales y urbanas de municipios, otros a nivel regional y algunos a nivel nacional. Lo que podría evidenciar la estructuración de un accionar Paramilitar articulado de carácter nacional con presencia territorial.
  2. Factor material: Existen dos tipos de amenazas:
  • Dirigidas a defensores de Derechos Humanos y/o organizaciones que apoyan los procesos de paz, participan activamente en reivindicación de derechos a través de la acción política, jurídica y la movilización social y denuncian la corrupción. En los cuales además del señalamiento, y de las amenazas de muerte expresas se ofrece recompensas económicas por atentar contra la vida de personas.
  • Dirigidas a “ladrones”, “violadores”, “chismosos”, “viciosos”, “expendedores de vicio”, “pre pagos”, “prostitutas”, “jaladores de motos o carros”, “maridos que acostumbran pegarle a sus mujeres”, entre otros”, bajo la modalidad “Intolerancia Social”.

d) Desapariciones forzadas

Cinco casos en contra de dirigentes locales y regionales en distintas zonas del país. e) Allanamientos arbitrarios y robos de información sensible.

 Siete casos se han presentado en contra de dirigentes locales y regionales en distintas zonas del país.

f) Represión Militar y Policial a la movilización social.

De acuerdo al “Informe Minga Agraria, étnica y Popular 2016” de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, entre el 30 de mayo y el 12 de junio de 2016 periodo en el que se desarrollo la Minga Agraria, étnica y Popular 3 participantes murieron, 80 fueron heridos y 151 detenidos.

De acuerdo a los reportes de la sub comisión se presentaron: 3 homicidios, 181 fueron heridos, 151 detenidos, 20 atentados y se presentaron 12 amenazas de muerte.

Posterior a la Minga la fuerza pública continúo su accionar arbitrario en Bogotá, Caquetá, Putumayo, Choco, Guaviare, Antioquia, Sucre, Bolívar y Cauca. Y se presentaron privaciones masivas de libertad de campesinos en Putumayo, Norte de Santander y Caquetá.

g) La impunidad en la que se encuentran los hechos cometidos en contra de defensores de Derechos Humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares.

Un factor de negación sistematicidad, revictimización y legitimación de la violencia en Colombia, se genera a partir de las declaraciones por parte de algunos funcionarios públicos e integrantes de la fuerza pública, con acciones de deslegitimación de las victimas al señalar y hacer énfasis en la presunta no pertenecía a organizaciones sociales y políticas, sacar a la luz pública posibles antecedentes judiciales y señalar como móviles factores externos a la persecución política.

A su vez, cada una de las acciones mencionadas son constitutivas de tipos penales y disciplinarios que aunque deben ser investigados y sancionados a la fecha se mantienen en la impunidad, pese a que han sido denunciados públicamente y se han adelantado acciones judiciales y políticas para la exigencia de garantías; no obstante, la situación continua y se incrementa poniendo en entredicho la existencia de verdaderas garantías para el ejercicio de la oposición y la participación política en Colombia.

2. Caracterización del Paramilitarismo en Colombia año 2016

El accionar Paramilitar en el territorio nacional se erige como la principal amenaza al proceso de paz entre la insurgencia armada de las FARC-EP y el gobierno nacional y los diálogos con la insurgencia del ELN, que eventualmente inician en su fase publica en los próximos días.

En lo que va corrido del año 2016, desde la Sub Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular hemos registrado la presencia de al menos 13 grupos Paramilitares que se autodenominan:

  • “Autodefensas Unidas de Colombia – AUC”,
  • “Autodefensas Campesinas Bloque Oriental Meta Vichada y Guaviare”,
  • “Autodefensa de Norte de Santander”
  • “Nueva Generación”,
  • “Nuevo Orden”
  • “Nuevo Renacer AUC”,
  • “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”,
  • “Clan del Golfo”
  • “Los Urabeños”,
  • “Clan Usuga”,
  • “Los Rastrojos”,
  • “Ejercito Anti Restitución de Tierras”,
  • “Águilas Negras”.

Los cuales han desarrollado acciones militares en amplias regiones del territorio nacional, correspondientes a 20 departamentos, el Distrito Capital y 162 municipios.

Desarrollando las acciones con mayor impacto en:

DEPARTAMENTO | Municipios afectados

Antioquia. Municipios Afectados: Medellín, San José de Apartado, Puerto Valdivia, Segovia, Dabeiba, Caucasia, Remedios, Nechi, Vigía del Fuerte, Yondo, Puerto Berrio, El Bagre.

Atlántico. Municipios Afectados: Barranquilla.

Bogotá. Municipios Afectados: Bogota D.C.

Bolívar. Municipios Afectados: Cartagena, Simiti, Cantagallo, Santa Rosa, Montecristo, Achi, Tiquicio, San Jacinto del Cauca, San Pablo

Caquetá. Municipios Afectados: Florencia, San Vicente del Caguán.

Cauca. Municipios Afectados: El Tambo, Argelia, Patía, Caloto, Corinto, Miranda, Caldono, Padilla, Sucre, Bolívar, La Vega, Almaguer, Popayán. 

Cesar. Municipios Afectados: Chiriguana,

 Chocó. Municipios Afectados: Quibdo, Tumarado, Curvarado, Belén de Bajira, Truando, Jiguaminado, Pavarando, Mutata, Salaqui, Rio Sucio.

Córdoba. Municipios Afectados: Puerto Libertador, Tierra Alta, Montelibano, Canalete.

Cundinamarca. Municipios Afectados: Fusagasugá, Facatativá

Guajira. Municipios Afectados: Rioacha

Guaviare. Municipios Afectados: San José del Guaviare, El Retorno

Magdalena. Municipios Afectados: Cienaga.

Meta. Municipios Afectados: Villavicencio, Puerto Rico, Vista Hermosa, El Castillo, Mapiripan

Nariño. Municipios Afectados: Tumaco, Leiva, Cumbal, Córdoba, Policarpa.

Norte de Santander. Municipios Afectados: Teorama, El Zulia, Ocaña, Tibu, Cúcuta,

Putumayo. Municipios Afectados: Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, Valle del Guámuez, San Miguel.

Santander. Municipios Afectados: Bucaramanga, Sabana de Torres, Puerto Wilches, San Pablo, Cantagallo, Barrancabermeja.

Sucre. Municipios Afectados: San Onofre

Tolima. Municipios Afectados: Ibagué, Planadas, Coyaima.

Valle del Cauca. Municipios Afectados: Buenaventura, Yumbo, Trujillo, Pradera, Florida, Jamundí, Cali, Buga, Tuluá.

Generalmente la presencia paramilitar se presenta en territorios que tienen las siguientes características:

  • Interés geoestratégico: zonas de frontera, corredores de movilidad o tránsito de economías ilegales y de difícil acceso (control de rutas del narcotráfico).
  • Existen recursos naturales y en consecuencia proyectos mineroenergéticos (Oro, coltan, carbón, petróleo, agua y biodiversidad, entre otros) y se desarrollan acciones legales e ilegales de extracción y comercialización.
  • Existen plantaciones de cultivos de uso ilícito, zonas de tráfico y/o comercialización.
  • Ha existido presencia histórica de las FARC-EP y en algunos sitios del ELN y EPL.
  • Existe presencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico. “La oficina de Envigado”, “Los Paisas”, La Cordillera”, “Los Puntilleros”, “Los Machos”
  • Hay una fuerte presencia policial y militar de fuerzas de tareas conjuntas.
  • El regreso a las regiones de quienes en el pasado integraron las Autodenfensas Unidas de Colombia [AUC] dada su puesta en libertad por pena cumplida en el marco de la aplicación de la denominada ley de justicia y paz
  • Existe una ausencia estatal en materia social.
  • Se señala a defensores de derechos humanos como obstáculos para que los grupos Paramilitares logren sus intereses económicos y políticos.

En estos territorios han desarrollado acciones de copamiento territorial en zonas rurales y urbanas, presencia en grandes grupos, instalación de redes de inteligencia y seguridad propias, instalación de retenes y controles sobre vías intermunicipales y veredales, imposición de horarios y toques de queda, restricciones a la movilidad, paros armados, reclutamiento de jóvenes, homicidios, atentados (con armas de fuego o artefactos explosivos), desapariciones forzadas, amenazas de muerte (colectivas e individuales), torturas, actos de violencia sexual, confinamiento y desplazamientos forzados.

Frente a los 88 homicidios en contra de defensores de derechos humanos y la relación de estas acciones con el incremento del accionar paramilitar se resalta:

  1. Algunos han sido precedidos de amenazas individuales o colectivas, directas e indirectas (Panfletos, llamadas, sufragios, ramos de flores, cabezas de animales degollados, y el ofrecimiento de recompensas económicas por atentar en contra de la vida de destacados dirigentes de Marcha Patriótica, entre otros aspectos).
  2. En el caso de los panfletos amenazantes existen fundamentalmente dos factores de análisis:
    1. Factor territorial: Algunos fueron distribuidos en zonas rurales y urbanas de municipios, otros a nivel regional y algunos a nivel nacional. Lo que podría evidenciar la estructuración de una accionar articulado de carácter nacional con presencia territorial.
    2. Factor material: Existen dos tipos de amenazas:
  • Dirigidas a defensores de Derechos Humanos y/o organizaciones que apoyan los procesos de paz, participan activamente en reivindicación de derechos a través de la acción política, jurídica y la movilización social y denuncian la corrupción. En los cuales además del señalamiento, y de las amenazas de muerte expresas se ofrece recompensas económicas por atentar contra la vida de personas.
  • Dirigidas a “ladrones”, “violadores”, “chismosos”, “viciosos”, “expendedores de vicio”, “pre pagos”, “prostitutas”, “jaladores de motos o carros”, “maridos que acostumbran pegarle a sus mujeres”, entre otros”, bajo la modalidad “Intolerancia Social”.
  1. Estos hechos han sido cometidos por grupos de hombres armados (algunos vestidos de negro, otros con camuflado y cubriendo el rostro con pasamontañas). En dos casos en particular han ocurrido bajo la responsabilidad de integrantes del ejército nacional, quienes pretenden presentar a los campesinos como dados de baja en operaciones realizadas en contra de integrantes del ELN.
  2. Algunos de ellos fueron cometidos por anteriores integrantes de las FARC-EP y en la medida de que el proceso de paz fue avanzando se hizo evidente su coordinación con mafias de narcotraficantes y de grupos Paramilitares.
  3. Algunas de las víctimas directas tienen relación con el proceso de establecimiento de Zonas Veredales Transitorias de Normalización ZVTN y Puntos Transitorios de Normalización o participaron de las vigilias por la paz.
  4. Las acciones se incrementan (existen picos) en relación a periodos como el de la pedagogía de paz que realizo las FARC-EP (enero – marzo de 2016) y el cierre del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (septiembre – noviembre de 2016).
  5. Son perpetrados con armas de fuego de largo y corto alcance, a bordo de vehículos automotores, en zonas veredales o pobladas.

Los Paramilitares tienen el control de economías ilegales (cultivos de uso ilícito, extracción de recursos naturales, nexos con estructuras internacionales de criminalidad (trata de personas hacia Chile – Méxicoy cobro de extorciones) y legales (administración de proyectos estatales, compra y obtención de predios,algunos de ellos en zonas de reservas campesinas), dado que quienes financian y promueven su accionar aún mantienen intactas sus estructuras de poder político y económico en varias regiones del país. En consecuencia, mantienen elevados niveles de control político (encausamiento electoral) y cuentan aun en muchas zonas con niveles de aceptación social a sus actividades.

Continúa la convivencia y apoyo de integrantes de la policía y el ejército a estos grupos en muchos casos. Los Paramilitares cometen violaciones a DDHH en zonas de fuerte presencia policial y militar, pese a la evidente presencia la fuerza pública y algunas entidades estatales aún continúan negando la presencia y las acciones de estos grupos irregulares; en ocasiones hacen presencia después que unidades del ejército realicen operativos contrainsurgentes, existe permisividad con el tráfico de cultivos de uso ilícito y extracción de recursos naturales ilegales por parte de estos grupos.

Sub Comisión de Garantías y Derechos Humanos de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular

9 de diciembre de 2016

Notas

[1] Del año 2010 al 2015, se tomo como referencia la base de Datos del Programa Somos Defensores.

[2] Del año 2010 al 2015, se tomo como referencia la base de Datos del Programa Somos Defensores.

[3] Del año 2010 al 2015, se tomo como referencia la base de Datos del Programa Somos Defensores.

[4] Ibidem

[5] Ibidem

[6] Ibidem