¿Qué podemos esperar de la mesa de negociación con el ELN?

Después de varios intentos de consolidar una agenda de negociación de paz el pasado mes de marzo, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anunciaron el inicio público del proceso y presentaron un documento de agenda que traza la ruta del diálogo. No obstante el arranque en firme de la negociación tardó casi siete meses más pues, ambas partes consideraron que no se estaban facilitando acciones de voluntad política para dar inicio. El tema de los secuestros y la devolución de personas retenidas que están en poder la guerrilla fue uno de los elementos que antepuso el gobierno. En varios pronunciamientos el ELN consideró que este era un tema de la negociación misma y no una precondición para iniciar el diálogo.

Por Diana Granados*. Tras los anuncios de algunas liberaciones por parte del ELN y los pronunciamientos e intermediaciones de diversos sectores sociales, las conversaciones parecen por fin arrancar y tendrán como sede principal la ciudad de Quito, en el Ecuador.

El inicio de estos diálogos ocurre cuando la mesa entre el gobierno y las FARC estaba en su recta final y hoy, casi en un limbo tras el triunfo del no en las votaciones del plebiscito por la paz, mecanismo que había sido acordado como el último procedimiento para iniciar la fase de implementación.

¿Paz completa?

Con el anuncio de la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, la consigna de varios sectores sociales e incluso de las vocerías de ambas insurgencias fue “dos mesas y un solo proceso de paz”. El ELN ha reiterado que no se opone a los acuerdos de La Habana y que respetan el proceso aun cuando se tratan de enfoques diferentes, igualmente las FARC ha manifestado su respaldo al proceso del ELN. Lo cierto es que son dos negociaciones que empiezan en destiempos y con algunas consideraciones sustancialmente diferentes, por ejemplo, las FARC se han asumido como parte del pueblo que negocia, el ELN enfatiza en que sea el pueblo directamente el que negocie y que no son ellos sus representantes.

Las condiciones objetivas también señalan que La Habana ha marcado una ruta de negociación y como resultado tiene una serie de acuerdos aunque algunos de ellos estén en discusión tras los resultados de las urnas del 2 de octubre. Al mismo tiempo, los acuerdos son el resultado de un proceso de correlación de fuerzas y si bien no fueron refrendados por un margen estrecho, hoy han favorecido, en parte, el apoyo de varios sectores de la sociedad que bajo el consenso de un “Acuerdo ¡ya!” y “Paz a la Calle” están diversificando la movilización por la paz en los últimos tiempos.

Esta consideración no debe confundirse con el tratamiento que en algún momento el gobierno intentó estimular significando al ELN como una guerrilla menor y cuyo proceso de negociación de paz no podría sobrepasar los techos de La Habana. Lejos de esa consideración, es clave no perder de vista que ambas negociaciones deberán tener diálogos y sincronías. Temas como la Comisión de la Verdad que, en el acuerdo de La Habana, ha sido considerada como una medida en el punto de víctimas o aspectos del acuerdo sobre participación política como el estatuto de oposición, la habilitación de medios de comunicación para movimientos sociales y nuevos partidos, podrían ser puntos de conexión de las dos negociaciones.

Algunos nudos son posibles de anticipar: aunque ambas agendas incorporan el tema de “Fin de conflicto”, es clave que la mesa del ELN tendrá que discutir si es viable o no o en qué términos podría acoger la Jurisdicción Especial para la Paz, esto, en especial, por la complejidad que genera para la guerrilla los mecanismos de seguridad jurídica, tema nodal en cualquier negociación de paz.

Es un hecho que si el acuerdo de La Habana logra un consenso y se destraba, el proceso de implementación iniciará en el corto plazo, mientras el de Quito apenas se encontrará en la fase inicial. El gobierno ya sabe por la experiencia con las FARC que aspirar a una “paz exprés” no es el mejor camino, justamente por el hondo calado de los temas a discutir, total, la paz como salida política a la guerra no implica simplemente medidas para el “desarme”, en realidad, se trata de la posibilidad de una transición política que genere las garantías para la no repetición. Es claro que las guerrillas no abandonan la lucha armada por un proceso de negociación sino avizoran que dejar las armas asegura que su proyecto político pueda pervivir sin su uso.

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¿Más participación?

Una de las expectativas centrales sobre el proceso de Quito es el componente de participación social para la paz. Si bien, en la agenda de La Habana la participación política en clave de aperturas para la democracia constituyó el segundo punto de negociación, es decir, las medidas acordadas serán implementadas posterior a la negociación, en la mesa de Quito la participación es para la negociación misma. En estricto sentido, las dos visiones son estratégicas y podrían complementarse, pero es claro que para el ELN es fundamental contar con la participación de toda la sociedad.

Las preguntas que sobrevienen giran alrededor del mecanismo de participación y la capacidad de incluir a todos los sectores. Iniciativas como la Mesa Social para la Paz vienen impulsando un Gran Dialogo Nacional y han emergido algunas propuestas como los cabildos abiertos tanto para destrabar los acuerdos de La Habana como para impulsar y hacer vinculante la participación social. La experiencia con los resultados del plebiscito deja también claro que las élites políticas tienen un enorme peso en las decisiones sobre la paz y que dejarlas por fuera constituye un riesgo para los pactos políticos que requiere una paz duradera. En términos de coyuntura política la mesa de Quito puede acoger las demandas de participación que diversos sectores están manifestando, pero jugarse la carta por una participación social amplia también es un escenario complejo porque, de nuevo, como quedo claro con el triunfo del no, las élites políticas también reclaman participación y sus intereses resultan contradictorios con los del campo popular.

Género y participación

Algunos analistas consideraron como un mensaje positivo que el anuncio de la agenda de negociación entre el gobierno y el ELN contara con la participación de dos voceros y una vocera. Hoy, se sabe que al menos de la lista de 19 negociadores que anunció el ELN, 6 son mujeres. También la comisión del gobierno, según se ha conocido, ha incorporado algunas mujeres. El tema de numerosidad e inclusión real de los derechos de las mujeres y la población LGTBI es un tema clave de las negociaciones de paz justo ahora cuando se encuentra en el ojo del huracán tras las manipulaciones de sectores del no que confundieron enfoque de género con un concepto poco claro como “ideología de género” y acuñaron la falsa argumentación según la cual el “modelo” de familia (heterosexual) estaba en riesgo.

Podríamos esperar, entonces, que la negociación que inicia asuma igualmente los derechos de las mujeres y LGTBI como un enfoque transversal, no solo en los contenidos de la negociación sino en el formato de la misma.

La paz sigue siendo un campo en disputa, mayor participación podría favorecer la apropiación de la misma por sectores más amplios. No obstante, no hay que perder de vista que la concreción de una paz completa dependerá de las correlaciones de fuerza – con una derecha que se recompone fácilmente y un campo popular con acumulados políticos relevantes pero dificultades de unidad estratégica- y la capacidad de incidir en una participación no solo amplia sino vinculante.

Diana Granados*, Trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Corporación Ensayos.