Metiéndole pueblo a la paz, la sociedad sí tiene agenda: experiencias legislativas desde abajo

“Los cambios que anhelamos sólo serán posibles el día que los escenarios de decisión política tengan nuestros rostros y estén en nuestros territorios”, explica el senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) y vocero del Congreso de los Pueblos, Alberto Castilla . El presente artículo integra el libro Metiéndole pueblo a la paz, de reciente aparición, compilado por el profesor Víctor de Currea-Lugo.

Por Alberto Castilla*. Desde hace casi ya cuatro años, cuando iniciaron los diálogos el gobierno nacional y las FARC-EP para buscarle una salida política al conflicto armado interno, el movimiento social colombiano ha expresado, mediante diversos repertorios de movilización, su exigencia por que sean reconocidas sus propuestas históricas de construcción de paz.

Los escenarios definidos entre las partes para escuchar las propuestas de los sectores sociales han resultado útiles, pero insuficientes. Aun con la insistencia de las FARC–EP desde el inicio de la negociación de que “la paz no podrá ser el resultado de un diálogo alejado del pueblo de Colombia, de una decisión de las alturas, de imposiciones unilaterales” y en torno a que “el país entero tiene que movilizarse a exigir su participación decisoria en el proceso de paz”, los temas que configuran la agenda son, en sí mismos, una limitación para el abordaje de las más diversas problemáticas que caracterizan el conflicto social, político, cultural, ambiental y económico.

Mientras la sociedad reclama que las propuestas recogidas en foros, documentos y visitas de distintas delegaciones a la Mesa de Negociación en La Habana tengan carácter vinculante y decisorio, el gobierno de Juan Manuel Santos insiste en negarse a la discusión y negociación de temas estructurales del conflicto, como el modelo económico y la doctrina militar.

La sociedad no descansa en su empeño por la paz, con los sustantivos que tiene implícitos el término: equidad y justicia social. El movimiento social ha venido construyendo agendas políticas que buscan espacio para su negociación y aunque seguramente no lo hallarán en las mesas constituidas entre insurgencia y gobierno, no deja de ser fundamental para superar el conflicto dejar atrás las históricas pobreza y exclusión del pueblo colombiano.

Importantes sectores se han movilizado en el país para exigir el respeto a sus derechos, su cultura y su territorialidad, a lo que el gobierno nacional ha respondido en varios casos con la instalación de mesas de diálogo y negociación, para luego incumplir la mayoría de los acuerdos alcanzados. Tal es el caso de lo ocurrido con el movimiento indígena, en el marco del decreto 982 de 1999 para resolver su emergencia social, cultural y económica; con el pueblo afro, ante el recurrente incumplimiento en la reglamentación de la ley 70 de 1993, y con el campesinado, ante las permanentes dilaciones en la negociación con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, por solo citar algunos casos.

Sin embargo, el recurrente incumplimiento gubernamental no deja de retar a estos sectores a seguir explorando escenarios eficaces de participación, en los que sus demandas sean realmente escuchadas y transformadas en política pública.

El anuncio que da inicio ahora a una fase pública de conversaciones entre el gobierno y el ELN complementa las aspiraciones de colombianas y colombianos de terminar la guerra y encaminarse por senderos democráticos y de cambios que conduzcan a la generación de condiciones de vida digna. El inciso “c” de la agenda pactada, “Un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”, convierte este momento político en inigualable oportunidad para aportar las agendas y las metodologías que, en la concep ción de amplios sectores de la sociedad, conducirían a alcanzar la paz estable y duradera, que no es nada distinto a tener un país en condiciones de equidad y plena democracia.

No tengo la menor duda de que como movimiento social (Congreso de los Pueblos) contamos con diversos y ricos ensayos de participación de la sociedad, con novedosos escenarios y propuestas que pueden conducir a la negociación directa entre la sociedad y el Estado colombiano; mesas de movilización, espacios de concertación, pactos, iniciativas legislativas, etcétera, cuyas validez y legitimidad existirán en tanto contribuyan a cambiar las condiciones del país y caminen a reconocer las demandas sociales. Espero que con la oportunidad que abre esta nueva mesa de negociación, nuestras propuestas sean decisivas y vinculantes.

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La sociedad también participa construyendo iniciativas de política pública

En tiempos recientes, hemos conocido ejercicios que buscan articular la movilización social con otras formas de lucha política, como la parlamentaria y legislativa. La sociedad viene participando con iniciativas legislativas que tienen un horizonte: derogar las leyes construidas desde las élites que detentan el poder y que van en detrimento de los derechos de las mayorías sociales y construir desde el corazón de los territorios y las comunidades las políticas públicas que necesita el país para superar el conflicto y vivir en paz. Es importante resaltar que estas iniciativas de ninguna manera buscan delegar la fuerza transformadora de la movilización en la lucha parlamentaria; por el contrario, encuentran en esta lucha, de tipo institucional, una importante tribuna que puede potenciar la acción de la movilización social.

El primer ejemplo que quiero resaltar lo ilustran las luchas de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), una articulación de estudiantes, docentes, trabajadores, sindicalistas y comunidad en general que se organiza para rechazar el proyecto de reforma a la ley de educación superior presentado por el gobierno en 2011. Este movimiento da origen a las más creativas movilizaciones que ha conocido el país en tiempos recientes y que volcaron la solidaridad nacional en torno al rechazo a la propuesta gubernamental.
Uno de los aportes más importantes de dicha experiencia ha consistido precisamente en que la MANE, además de recorrer todas las universidades públicas y privadas del país, recibió aportes de intelectuales y de otros sectores sociales para construir la propuesta de articulado de la “Ley de Educación Superior para un País con Soberanía, Democracia y Paz”. Una avanzada para garantizar este importante derecho con autonomía, democracia, excelencia, calidad, gratuidad y bienestar.

Cito en segundo lugar la propuesta de Acto Legislativo que radicaron ante el Congreso de la República importantes organizaciones juveniles como el Tejido Juvenil Nacional Transformando a la Sociedad, TEJUNTAS; la Asociación Colectiva de Objetores y Objetoras por Conciencia, ACOOC; Vamos por los Derechos y otras. A ellas las acompañaron parlamentarios del Polo Democrático Alternativo. Su propósito fue establecer en la Constitución Política la prestación del Servicio Social para la Paz como alternativa para que la juventud participe en la construcción de la paz y no esté obligada a prestar el servicio militar.

Otro ejemplo de participación popular en la construcción de iniciativas legislativas lo representa la propuesta de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO); organización sindical reconocida por la defensa de los derechos laborales de sus afiliados, por su constante preocupación por las comunidades donde tiene impacto la explotación petrolera, por la defensa de la naturaleza y por su posición crítica frente a la política minero-energética que privilegia al capital transnacional en detrimento de la soberanía nacional. La USO ha venido construyendo desde las regiones y con una metodología ampliamente participativa expresada en su iniciativa de Asamblea Nacional por la Paz, una propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos, que contempla la nacionalización de toda la cadena industrial de estos recursos, la soberanía minero-energética y la explotación responsable y determinada por la comunidades en sus territorios.

Así mismo, la Asociación Colombiana de Actores (ACA), respaldada por un buen número de parlamentarios, presentó para su trámite legislativo el proyecto de “Ley del Actor”; acá se plantea reconocer el ejercicio de la actuación como profesión, condiciones laborales dignas, impulsar la producción nacional y la obligatoriedad de tener un porcentaje de actores nacionales en ella, así como crear un fondo que les garantice el derecho a la pensión y a la obtención de regalías.

El campesinado se pronuncia

La decisión del movimiento campesino de aspirar al Senado de la República hace parte de este mismo repertorio de acciones para la participación política. Soy senador de la República porque el movimiento campesino colombiano tomó la decisión de tener una representación política de su sujeto social. Alcanzada esta pequeña pero importante victoria, como campesinado hemos asumido la responsabilidad de instrumentalizar la curul para dar visibilidad a nuestras realidades y problemáticas. Hoy, tenemos la seguridad de que la so- lución a nuestras necesidades como sector trasciende la lucha reivindicativa y pasa necesariamente por que se nos reconozca como sujetos políticos.

Por esa razón, me he dado a la tarea de construir y disputar en el Congreso de la República una iniciativa para que en la Constitución Política se reconozcan los derechos del campesinado. Nuestra propuesta tiene total legitimidad ante la compleja realidad social que padece este conglomerado social (véase recuadro) y que debe ayudarse a subsanar desde el poder legislativo, razón por la cual se presenta esta reforma.

Esta propuesta no se concibió en los escritorios del Senado: la hemos construido desde el corazón del movimiento campesino. Por eso, he convocado distintas Audiencias Senatoriales en las regiones, para que sean las voces del campesinado las que identifiquen los puntos centrales del Acto Legislativo. Así mismo, la iniciativa se ha levantado con la ayuda de centros de investigación, académicos y varias universidades.

Fue así que el pasado 5 de abril, acompañado de dirigentes del Coordina- dor Nacional Agrario, de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y de congresistas del Polo Democrático Alternativo, del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS; de Autoridades Indígenas Colombianas, AICO; del Partido Liberal y de la Alianza Verde, radiqué el Proyecto de Acto Legislativo Por medio del cual se reconoce al campesinado como sujeto de derechos, se reconoce el derecho a la tierra y a la territorialidad campesina y se adoptan disposiciones sobre la consulta popular.

Los elementos centrales de la propuesta son:

  • Reconocer al campesinado como sujeto de especial protección, al reemplazar el concepto de “trabajador agrario” por los conceptos de “campesino” y “campesina”.
  • Reconocer el acceso a la tierra en forma individual y colectiva para el campesinado.
  • Reconocer la construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas.
  • Reconocer el derecho a las semillas.
  • Reconocer a las mujeres campesinas y garantizar la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo.
  • Establecer la obligatoriedad del mecanismo de consulta popular para la implementación de proyectos que afecten los territorios campesinos.
  • Ordenar la adaptación de los derechos sociales reconocidos universalmente a las necesidades particulares del campesinado y de la vida en el campo.

Espero que con la presión del movimiento campesino movilizándose por sus derechos y de la opinión pública, logremos que se haga justicia con esta deuda histórica que el país tiene con sus campesinos y campesinas.

Nuestra movilización también es propuesta de construcción de paz

La revisión de estas importantes experiencias de participación que articulan la movilización con la lucha institucional permite entender que el movimiento social colombiano tiene al menos tres cosas claras para construir un nuevo país en condiciones de vida digna.
La primera es que si reconocemos que el conflicto social está en la base de conflicto armado que vive el país, la solución va mucho más allá de la negociación entre gobierno e insurgencias. Tampoco espera el movimiento social decisiones unilaterales del gobierno nacional para resolver las necesidades. Por supuesto que las propuestas de la sociedad no sólo tienen que ver con el qué se cambia sino con el cómo se cambia y por esto, para construir la paz es vital entender que las leyes y las políticas públicas se deben construir con las voces de las comunidades y con las formas de sus territorios; un paso necesario para que todos y todas nos sintamos involucradas en la construcción de la paz es admitir y recoger las agendas y las metodologías de las experiencias que he expuesto y de otras más.

Lo segundo que ha expresado el movimiento social es que las transformaciones para la paz no son pequeñas reformas; para construir una país que supere la pobreza y la exclusión que genera la guerra, es necesario recorrer un camino que el gobierno nacional niega en el actual proceso de paz: transformar el modelo económico y político.

Esto es lo tercero de lo que estamos convencidos: los cambios y las transformaciones que anhelamos sólo serán posibles el día que todos los escenarios de representación y decisión política tengan nuestros rostros y estén en nuestros territorios; las anteriores son sólo algunas de las propuestas que aún están a tiempo de complementar la negociación con las FARC-EP en La Habana y que ahora deben estar en el centro de la negociación con el ELN, si se espera que nuestra participación sea realmente directa y vinculante.

Cifras reveladoras
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, los porcentajes de pobreza en el sector rural alcanzan el escandaloso porcentaje de 41,4%, casi tres veces mayor que en las ciudades principales; esta situación de extrema vulnerabilidad social golpea con mayor fuerza a las mujeres campesinas, quienes según el PNUD viven en condiciones sociales críticas. Los niveles de concentración de la tierra siguen siendo dramáticos y no han cesado de crecer, como la misma Corte Constitucional reconoció en sentencia C-644 de 2012. Para 2014, el 4% del área rural correspondía a predios de entre 3 y 10 hectáreas, mientras que los predios de más de 200 hectáreas correspondían al 72% del área rural. El coeficiente Gini de propietarios refuerza esta alarmante realidad: entre el año 2000 y 2010, creció de 0,86 a 0,88, de manera que Colombia es uno de los países con mayor índice de desigualdad. Como si fuera poco, la importación de alimentos ha alcanzado una cifra muy elevada, si se tiene en cuenta nuestra vocación agraria. En 2013, se importó un total de 9’610.167 toneladas de alimentos, correspondientes a 7.240 millones de dólares, como consecuencia de que en Colombia solo se dedican a las actividades agrícolas y silvoagrícolas 4,9 millones de hectáreas, pese a que cerca de 21, 5 millones de hectáreas tienen aptitud agrícola.
Son ampliamente conocidos por la opinión pública los procesos de despojo violento y desplazamiento forzado a los que se han visto sometidos los y las campesinas. Según la ONG internacional Human Rights Watch, se estima que 6 millones de hectáreas fueron abandonadas por el conflicto armado, estando aún gran parte en manos de los usurpadores.

* Alberto Castilla es senador del Polo Democrático Alternativo (PDA) y vocero del Congreso de los Pueblos.